Con 15 meses de retraso, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el reglamento de la Ley General de Víctimas, norma necesaria para operar el fondo de reparación del daño a los afectados por ese delito.

El reglamento forma parte del decálogo en materia de seguridad y justicia presentado el jueves por el presidente Peña Nieto. El mandatario prometió también la integración de un registro nacional de víctimas y de datos genéticos; la base jurídica para la creación del primero también se incluye en el reglamento publicado.

El texto incluye detalles de la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la cual deberá expedir –durante los tres meses siguientes– el modelo de atención a víctimas, así como los lineamientos de este marco jurídico, necesario para fijar la cantidad de las compensaciones.

Sin embargo, las víctimas no serán beneficiadas aún por esta norma porque el fideicomiso que nutrirá el fondo de reparación del daño habrá de constituirse dentro de los siguientes 90 días naturales.

La Ley General de Víctimas (publicada en enero de 2013 y en vigor desde febrero de ese mismo año) señala en el tercer artículo transitorio que el reglamento habría de ser expedido seis meses después.

Las autoridades justifican el retraso al señalar que la ley en referencia fue sometida a reformas en mayo del año pasado y, además, hubo que cumplir con la cadena establecida en el entramado legal; es decir, constituir la CEAV e incluirla en el presupuesto de la Federación de 2014, de ahí que consideran que el atraso para la expedición del reglamento es de sólo algunos meses.

Familiares de desaparecidos así como otras víctimas del delito lamentaron constantemente el atraso jurídico que los dejaba sin protección, especialmente ante grupos vulnerables como huérfanos o viudas.

Con la publicación del reglamento se abroga el decreto por el que se transformó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (creada en el sexenio pasado) en la CEAV.

El título sexto del reglamento, del procedimiento para la asignación de recursos del fondo, indica que el fin del mismo es servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral de las víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal.

Un comité evaluador de la CEAV determinará las características del pago, con base en los siguientes criterios: necesidad de la víctima, la gravedad del daño sufrido, la vulnerabilidad, en proporción con el daño sufrido; el perfil sicológico de la persona afectada; la posibilidad de que pueda acceder a medidas de atención, asistencia y protección en asociaciones civiles o privadas.

Para acceder a los recursos del fondo, las víctimas deben estar inscritas en el registro nacional de víctimas y cumplir con una serie de requisitos adicionales.

El reglamento fue firmado el jueves por el presidente Peña Nieto y su gabinete, el mismo día en que el mandatario anunció su decálogo de iniciativas para mejorar la seguridad, la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos.