Ginebra.

El Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura instó a Estados Unidos a investigar la brutalidad policiaca y la muerte de jóvenes negros desarmados a manos de la policía, así como asegurar que las armas de electrochoque sean utilizadas sólo en situaciones en que la vida esté en riesgo.

El primer análisis del panel desde 2006 sobre los antecedentes de Estados Unidos para prevenir la tortura coincidió con protestas y disturbios raciales en ciudades de todo el país ocurridos esta semana, luego de que el lunes un jurado de Misuri decidió no presentar cargos contra un policía blanco que disparó y mató a un adolescente negro desarmado.

Sus conclusiones señalan una profunda preocupación por numerosos reportes de brutalidad policiaca y el uso excesivo de la fuerza contra personas de minorías, migrantes y homosexuales.

El panel se refirió a los “frecuentes y recurrentes tiroteos policiales o persecuciones fatales de individuos negros desarmados.

Recomendamos que todas los casos de brutalidad policiaca y uso excesivo de la fuerza por oficiales de la ley sean investigados rápida y efectivamente, así como de manera imparcial por un mecanismo independiente, afirmó Alessio Bruni, miembro del panel, señalando reportes de violencia actual en Chicago, en particular contra jóvenes afroamericanos y latinos.

La delegación estadunidense informó que se han abierto 20 investigaciones desde 2009 sobre abusos policiales sistemáticos y que más de 330 oficiales fueron procesados por brutalidad.

Tenemos ciertas preocupaciones sobre si esas indagatorias se completaron y si se implementa en realidad un castigo para los oficiales de la ley cuando se exceden (en su comportamiento), declaró Jens Modvig, también miembro del panel.

El comité hizo referencia a numerosos y consistentes reportes de que la policía estadunidense usó tasers o armas de electrochoques contra personas desarmadas que se resistieron a un arresto y condenó dos casos recientes de muertes en esos incidentes.

El comité de la ONU expresó que la información disponible sobre el resultado de esas indagatorias era insuficiente.

También instó a terminar con la custodia estadunidense de migrantes, incluidos niños, en instalaciones de detención semejantes a prisiones.

Además criticó lo que llamó el continuo fracaso de Estados Unidos en investigar acusaciones de tortura y maltrato de sospechosos de terrorismo detenidos en el exterior, demostrado por el limitado número de procesamientos judiciales y condenas.

En cuanto a la situación de la población carcelaria en Estados Unidos, el comité condenó el dolor insoportable y el prolongado sufrimiento de los prisioneros durante simulacros de ejecución, así como las violaciones frecuentes de personas presas, mujeres embarazadas encadenadas y el extendido uso del aislamiento.

Asimismo, sobre la pena de muerte y la prolongada estancia de reos en el pabellón de la muerte que esperan la ejecución. En nuestra opinión, sin duda viola lo estipulado por la octava enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe los castigos crueles e inusuales, y la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, aseguró Bruni.

El panel recordó que hay unos 148 prisioneros en la cárcel estadunidense de Guantánamo, en Cuba, que según el comité sufren un sistema draconiano de silencio obligatorio que rodea a los detenidos de gran valor que mantiene sus afirmaciones de tortura lejos del dominio público.