El gobierno federal propondrá la creación de tres zonas económicas especiales en Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

El país no puede continuar por la ruta de la desigualdad y la división y responder sólo con políticas asistencialistas de contención de la pobreza, señaló el presidente Enrique Peña Nieto.

Además, anunció que la próxima semana enviará una iniciativa de ley para desvincular el salario mínimo de diversos precios y tarifas de la economía.

En Palacio Nacional, donde dio a conocer diversas medidas en materia de seguridad y combate a la corrupción, el jefe del Ejecutivo federal asumió la existencia de dos Méxicos.

La mayoría de los conflictos sociales y políticos más graves del país tienen su origen en la falta de desarrollo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, indicó el mandatario.

Por ello, y con el propósito de alcanzar justicia más allá del ámbito legal, el programa anunciado incluye medidas para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en esas entidades.

Esto, explicó, porque mientras hay una parte del país inserta en la economía global y con crecientes índices de ingreso, desarrollo y bienestar, también existe un México más pobre, con rezagos ancestrales, al cual ubicó en el sur del territorio nacional.

Mientras en regiones como la frontera norte y el Bajío, apuntó, el producto interno bruto per cápita creció 40 por ciento en 20 años, en los tres estados del sur prácticamente no aumentó.

Se trata, dijo el mandatario, de una estrategia de desarrollo integral inmediata y de gran alcance, con inversiones más allá de las que están en curso en infraestructura carretera y hospitalaria.

Para la región más atrasada se creará el corredor industrial interocéanico en el Istmo de Tehuantepec, para conectar el Pacífico con el Golfo de México. La segunda se ubicará en Puerto Chiapas, y la última, en los municipios colindantes de Lázaro Cárdenas tanto de Michoacán como de Guerrero.

Este modelo de zona económica especial, explicó Peña Nieto, se aplicará por primera vez en la historia del país y ofrecerá un marco regulatorio e incentivos fiscales para atraer a las empresas y generar empleos de calidad.

Deberán tener infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior e importantes descuentos en impuestos y contribuciones a los institutos Mexicano del Seguro Social y del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, apuntó.

En suma, y para atraer también la participación del sector privado, se dotará a esa parte de México de un andamiaje legal especial, para lo cual se enviará una iniciativa al Congreso en febrero próximo.

Peña Nieto anunció también la firma de un decreto para dar trato fiscal diferenciado a los productores agrícolas de esas tres entidades; apoyará a las escuelas normales rurales, se establecerá un programa especial de becas y se promoverá la investigación científica.

En lo inmediato, habrá programas emergentes de empleo temporal para beneficiar a 300 mil familias; 2 mil millones de pesos adicionales en créditos para pequeñas y medianas empresas; 4 mil millones de pesos adicionales para créditos de impulso al campo; renovación y repoblamiento de cafetales; un programa de pavimentación para los próximos seis meses, y un decreto de medidas de apoyo fiscal para Acapulco.

Dijo que para asegurar el éxito de esas medidas, la sociedad civil será convocada para que, mediante observatorios ciudadanos, vigile y evalúe el alcance de cada una de ellas.

Peña Nieto señaló que para enriquecer las iniciativas relacionadas con los rezagos en la aplicación de la justicia cotidiana, solicitó al director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón, organizar foros de consulta con las instancias civiles y académicas. El mandatario recibirá las propuestas y recomendaciones en un plazo máximo de tres meses.