De San Fernando, Tamaulipas, a Ayotzinapa, Guerrero. Del experimento militar calderonista en Michoacán, en los albores del sexenio para enfrentar al crimen organizado, a las intervenciones federales en esa misma entidad Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero. Miles de muertos y desaparecidos después, con el caudal de acuerdos por la seguridad, el estado de derecho y el fin de la impunidad, este mediodía en Palacio Nacional se anunciará una nueva estrategia para enfrentar lo que es una crisis estructural.

Convocatorias a los poderes de la República, encuentros masivos con gobernadores y responsables de seguridad, con los partidos para acordar acciones conjuntas, reformas constitucionales, nuevas leyes, acuerdos, pactos, cambios en la estructura de seguridad, protocolos para la confiabilidad de las policías... todos se han estrellado con el fracaso y la frustración ciudadana:

Palacio Nacional, 21 de agosto de 2008: la solemnidad que rodea la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que auspiciaba el presidente Felipe Calderón, se rompía con la intervención del empresario Alejandro Martí, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado: Si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción. ¿Quién es más culpable, el que deja hacer o el que hace?

Mayo de 2011. Carretera México-Cuernavaca. Con su hijo asesinado, el poeta Javier Sicilia encabezaba una marcha al Zócalo de la ciudad de México. La consigna ciudadana: Estamos hasta la madre de la guerra contra el narcotráfico.

En junio, Sicilia sostendría un encuentro con el presidente Calderón en el Castillo de Chapultepec, días después de su caravana al norte del país donde revelaría las dimensiones de las crisis de los desaparecidos y las muertes por la guerra contra el narcotráfico: Escuche bien nuestras palabras. Estamos en representación de víctimas inocentes. ¿Le parecemos bajas colaterales?

Septiembre-noviembre 2014. La desaparición de 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa desborda la indignación ciudadana que se expresa por miles en las calles, cuestionando los cauces institucionales y clama: Fue el Estado.

Con algunas expresiones surgidas incipientemente en el gobierno de Vicente Fox, las crisis de seguridad y derechos humanos se desbordarían en la administración calderonista. En ese sexenio se acentuaría el círculo entre los anuncios grandilocuentes de reformas y cambios estructurales que se han topado con expresiones de violencia cada vez más cruentas.

En la primera quincena de su gobierno, Calderón instrumentaría su primer experimento que marcaría el rumbo del sexenio: la incursión militar en Michoacán como presagio de su guerra contra el narcotráfico, que heredaría más de 60 mil muertos y poco más de 20 mil desaparecidos. Dos años después, con las expresiones claras de que se desbordaba la violencia, convocaba al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Acompañado de reformas jurídicas, cuya tardanza en la aprobación provocó situaciones ríspidas con el Congreso, muy pronto se haría evidente que naufragó el grandilocuente acuerdo. Los compromisos en el Consejo Nacional de Seguridad, entre la Federación y los estados de realizar exámenes de confianza a las policías terminarían por confrontar a las partes al momento de exigir su cumplimiento.

En la medida que su sexenio se tornaba más sangriento –con la ejecución de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y el desbordamiento de la violencia en Ciudad Juárez–, Calderón impulsaría otras iniciativas de diálogo con organizaciones civiles y partidos.

2011. El asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia y las caravanas organizadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad confirman el círculo trágico: estrategias equivocadas y violencia desencadenada que marcaron el sexenio calderonista, hasta el final, sin que se modificará su apuesta esencial: la militarización del combate a la inseguridad, su difusión como eje del discurso presidencial y un acuerdo con medios de comunicación de bajarle a la intensidad de la información sangrienta.

Identificado desde la administración pasada como el eslabón más débil, los municipios han concentrado principalmente la penetración del crimen organizado y se ha actuado así, en consecuencia, en cada coyuntura. Del michoacanazo calderonista, que encontró responsabilidades sólo en el ámbito municipal, a la imputación casi exclusiva de los hechos de Ayotzinapa al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ha sido la vía para enfrentar los momentos críticos.

Excluida prácticamente del discurso presidencial desde que Peña Nieto llegó al poder, la inseguridad irrumpió en su sexenio con los 43 normalistas desaparecidos y lo ha colocado otra vez en el ciclo entre la violencia y acuerdos para confrontarla.