Campesinos de Chihuahua instalaron ayer una mesa de análisis en la Secretaría de Gobernación (SG) a fin de resolver conflictos sociales y de seguridad en el estado, con la participación de funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Está pendiente, afirmaron, resolver numerosos expedientes de violencia de años recientes (asesinatos, secuestros y extorsiones).

Además, advirtieron, ahora hay enfrentamientos por la posesión del agua entre ganaderos y agricultores menonitas y campesinos, algunos afiliados a El Barzón.

El chihuahuense Martín Solís Bustamante aseguró, entrevistado en el Palacio de Covián, que los menonitas usan de manera ilegal el agua de la región, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha puesto orden.

Sostuvo que la apertura ilegal de 150 hectáreas al cultivo en la entidad, en los seis años recientes, propició el agotamiento de los acuíferos; además, las autoridades estatales y los delegados federales en Chihuahua están rebasados. Por ello se abrió esta mesa en Gobernación.

Mientras, alrededor de 100 integrantes de El Barzón tomaron ayer durante más de tres horas las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) en Ciudad Juárez para exigir que se revisen al menos 600 expedientes de beneficiarios que se han retrasado en sus pagos, para evitar que despachos privados de cobranza contratados por la dependencia los desalojen de sus casas.

Cobos excesivos y abusos

Griselda Sosa, representante de El Barzón en la región, aseguró que el Infonavit no ha cumplido la promesa de revisar cerca de 600 casos que le fueron presentados por usuarios que tienen problemas que van desde errores del instituto en su sistema de cobranza, hasta incapacidad de pago de los trabajadores.

Agregó que muchas personas han perdido sus trabajos en años recientes y han encontrado empleos con salarios más bajos, pero el Infonavit les sigue cobrando como si tuvieran los ingresos anteriores.

Sosa comentó que la intención de los barzonistas es dar solución a los problemas de cartera vencida de aquellos a quienes los despachos de abogados de Infonavit les están quitando sus casas sin la posibilidad de negociar la deuda.

Los deudores que participaron en la toma de oficinas dieron a conocer que algunos de ellos fueron desalojados por tener mensualidades vencidas, y que a otros afectados les cobran el doble de lo que corresponde a sus percepciones económicas.

Griselda Sosa sostuvo que a los despachos de cobranza contratados por el Infonavit no les interesa la situación de cientos de familias. Su falta de sensibilidad es evidente y realizan desalojos en coordinación con la policía municipal, dijo.

Los barzonistas bloquearon las oficinas e impidieron que empleados y usuarios ingresaran, hasta que acordaron con personal del Infonavit que el 11 de diciembre se reunirán con funcionarios de la institución para revisar cada uno de los expedientes de deudores.

La subdelegada del Infonavit en Chihuahua, Irene Ornelas Casas, dijo que en Ciudad Juárez hay casi 11 mil acreditados con retrasos en sus pagos y destacó que recibió instrucciones de ofrecer soluciones en cada uno de los asuntos que se presenten en la reunión acordada.