Las mineras que impulsan la explotación a tajo abierto, que ocasiona la depredación de territorios, el desplazamiento de poblaciones, pérdidas de biodiversidad y el agotamiento de reservas de agua, desde hace al menos siete años pagan derecho de piso al crimen organizado, ya que éste también se ha involucrado en la extracción de minerales.

Durante el foro La minería a cielo abierto, sus consecuencias sociales y medioambientales, organizado por La Jornada y Casa Lamm, el lunes por la noche se presentaron dos puntos de vista sobre la actividad minera.

Por un lado, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, investigador del Colegio de San Luis, explicó que en 1992 comenzaron las reformas legales que la política neoliberal necesitaba para abrir las puertas a proyectos depredadores, y este 2014, con la reforma energética, que da paso a actividades como el fracking, se da el último ciclo de esas reformas.

Recordó que la Ley Minera vigente se empalmó con las reformas al artículo 27 constitucional, que dieron lugar a la venta y renta de ejidos. La mercantilización de la tierra provocó que entre 1994 y 2012 se concesionaran a las empresas 565 mil kilómetros cuadrados, 30 por ciento del territorio nacional.

Agregó que Minera San Xavier, en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, opera con total impunidad, ha destruido el entorno, y se nos acusó de minerafóbicos, en alusión a los globalifóbicos, y como reacios a la actividad minera, pero el problema es el tipo de explotación que depreda el entorno.

En el foro, Jesús Ramírez Cuevas, responsable de la página de Internet Regeneración, presentó el video Sierra norte por la vida, en Puebla, que relata la lucha de las comunidades en contra de Frisco y Grupo México, la expulsión de las mineras por los hechos, y la organización en la defensa del territorio contra el fracking y las petroleras.En otro tenor, Simón Vargas, analista en temas de seguridad, educación y justicia, refirió cómo el crimen organizado incide en la minería mediante el cobro de derecho de piso o la explotación ilegal de minerales, como hace con el hierro en Michoacán.

Explicó que a finales de 2007, Los Zetas hallaron otra veta de sus actividades: tráfico de blancas, contrabando de órganos y cobro de piso, ya que esas actividades son más rentables que el comercio de drogas. Así encontraron en la minería una veta de oportunidad: piden (pago) por todas las actividades derivadas de la minería.

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero no quiere dar cifras porque está amenazada, así como las entidades donde están asentadas actividades criminales relacionadas con la minería como Michoacán y Guerrero.