De enero de 2013 a septiembre de este año, es decir en la actual administración federal, mil 187 funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron investigados y denunciados, incluso penalmente, por la presunta comisión de delitos derivados del ejercicio indebido del servicio público, insignias o siglas.

Informes oficiales de la Secretaría de Hacienda y del propio SAT revelan que los delitos más comunes presuntamente cometidos por el personal denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) o el Órgano Interno de Control (OIC) son: falsificación de documentos, cohecho, abuso de autoridad, (delitos) equiparables al contrabando, uso de documentación falsa, acceso ilícito a sistemas y equipos, así como peculado y ejercicio indebido del servicio público.

De hecho, el número de servidores públicos presuntamente relacionados con delitos provocó un deterioro en la imagen del organismo fiscal. Con base en encuestas realizadas por el propio SAT se descubrió que la percepción de los usuarios cayó 26 puntos, ya que si el año pasado 81 de cada 100 personas consultadas tenían una buena impresión, para septiembre pasado sólo 65 manifestaron una opinión positiva.

Por el contrario, según los mismos indicadores, de nueve personas encuestadas tenían en 2013 una imagen general del SAT calificada de mala, este año aumentaron a 15, en tanto quienes dieron un calificativo de regular a la percepción del organismo fiscal también pasaron de 10 el año pasado a 18 en 2014.

De acuerdo con los reportes oficiales, las denuncias presentadas ante el Ministerio Público en contra de funcionarios del SAT registraron un crecimiento de 22 por ciento, 13 casos más, al pasar de 59 en todo 2013 a 72 que se alcanzaron al cierre de septiembre pasado.

Por el contrario, el número de expedientes presentados ante el OIC para su investigación involucraron una disminución de 26 por ciento, al pasar de 607 el año pasado a 449 en los nueve meses correspondientes a 2014.

Los reportes indican que el mayor número de casos, 38, denunciados ante la PGR, derivaron del ejercicio indebido del servicio público; 12 por uso de documento falso; 11 por acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos; siete por cohecho, dos por abuso de autoridad y, por usurpación de profesión y falsificación de documento, uno en cada caso. Los casos enviados para su investigación al OIC fueron por responsabilidad administrativa.