al actuado y peor redactado, el guión exculpatorio puesto en escena el martes por la noche acabó confirmando lo que la trama pretendía ocultar o diluir: el papel central del villano contratista favorito, Juan Armando Hinojosa Cantú, a quien la actriz en funciones dijo haber conocido como a otros, aunque evitó decir si alguno de esos otros había sido favorecido con convenios y asignaciones presupuestales por miles de millones de pesos como el empresario que armó una ingeniería inmobiliaria con dedicatoria especial para que Angélica Rivera Hurtado se hiciera de una mansión que habría estado dispuesta a pagar (se dice) en cómodos abonos aunque ahora, en el colmo de las confesiones de parte que implican relevo de pruebas, la ejecutante del papel de La gaviota anunció en desplante histriónico (que fácilmente puede acabar en una simulación más) que venderá sus derechos en la escandalosa operación mercantil que mantiene indicios de cohecho y de abierto e inocultable conflicto de interés.

Sobreactuación y rudeza innecesaria de parte de la señora Rivera de Peña, quien virtualmente regañó a quienes con justa razón dudaban y dudan de los procedimientos utilizados para que la esposa de un político se hiciera de una mansión a través de un contratista largamente beneficiado por aquel político. Ejercicio actoral mal llevado, pues el tono y la postura de la deponente estaban cargados de un reproche tenso, centrado el libreto más en la explotación del sentimiento, colocado el acento en el coraje de una madre y esposa afectada por las maledicencias sobre su aparatoso enriquecimiento de pocos años a la fecha (coincidente ese ascenso económico con su matrimonio con un gobernador, luego adquirente de la Presidencia de la República, aderezada la historia con el factor de la televisora generosa con la cónyuge de aquel a quien luego ayudó a llegar a Los Pinos y con la entrada en escena del antes mencionado empresario Hinojosa Cantú, el causante de penas y alegrías en la familia Peña Rivera).

Tan mala defensa hizo de sus adquisiciones la señora Rivera que tuvo comentarios negativos a razón de 10 a uno en sección de videos donde alojó su grabación (amablemente difundida en su integridad desde la noche del martes en televisoras públicas comedidas), ante lo cual providencialmente fue desactivada la posibilidad de dejar esas calificaciones en la internética página damnificada.

A la encomienda expiatoria que los celosos de una caballerosidad ya ida consideraron mal asignada a la esposa, Peña Nieto respondió ayer mismo con una galantería cuyos términos precisos habrán de confirmarse. Dijo que en correspondencia al gesto valiente de Rivera Hurtado respecto a la Casa Blanca, él mismo habría de hacer explícitos los términos de la declaración patrimonial que rindió en enero de 2013 y en la que eludió precisar puntos como el monto de las propiedades que recibió mediante donaciones que también sería conveniente saber en función de que intereses o reciprocidades se produjeron.

No disolvió dudas ni atenuó enojos sociales la aparición en pantalla de la actriz de telenovelas extraordinariamente pagada por la empresa a la que su esposo entregó carretadas de millones de pesos del erario del estado de México para su nada disfrazada campaña temprana por la Presidencia de la República y a la que habría de regular ya como ocupante de Los Pinos a través de las reformas legislativas en telecomunicaciones que anunció como un intento de combatir monopolios y en realidad acabó beneficiando los intereses de Emilio Azcárraga, sobre todo en su ácida pelea contra el sexenalmente mal querido Carlos Slim.

Sin embargo, el peñismo pareciera estar decidido a convencerse de que ha dado respuesta más o menos adecuada a los dos focos rojos actuales. Al de Ayotzinapa, mediante la tramposa argumentación del fabulador Murillo Karam con su historia de las hogueras funerarias a cielo abierto que dejarían restos que no permiten saber si son o no los muertos que sin embargo sí están declarados en expedientes judiciales. Y al tema de la Casa Blanca mediante la comparecencia histriónica de la noche del martes.

Recuperada esa normalidad, en curso el desahogo justiciero de esos y otros casos candentes, Peña Nieto cree que ya está facultado para aplicar la fuerza del Estado no contra él y sus acompañantes en el ejercicio de un poder fallido y consignable, sino contra los ciudadanos que han ido cobrando conciencia, o incrementándola, de los graves problemas del país y que día tras día dan muestra de una indignación cívica que hoy tendrá una amplia expresión a lo largo del país y en ciudades del extranjero, en un ejercicio que no alcanzará el rango de paro nacional pero sí demostrará que la irritación generalizada no cede ante explicaciones desfondadas ni ante amenazas de corte diazordacista y echeverrista que pretenden etiquetar a los críticos y opositores como parte de un plan general de desestabilización, que va en contra del proyecto de mansión, perdón, de nación, y que merece la mano dura prefigurada por el propio Peña Nieto o el corte de la cizaña social que ha pedido el presidente del PRI, el segador César Camacho.

La nueva fase que pretende implantar la administración federal (casos atendidos y, por tanto, la fuerza del Estado ante protestas desbordadas) está siendo acompañada por mensajes de disuasión, de origen impreciso, que hablan de la amenaza de violencia en las manifestaciones de hoy. Además, algunos personajes priístas se han esmerado en proponer la defensa del acosado Peña Nieto y en denunciar la trampa a la nación tendida por desestabilizadores.

Los gestos, el tono, las miradas de Peña Nieto y de Rivera Hurtado pueden tener más significado que sus propias palabras para entender que en las cúpulas del poder ya se cansaron de un movimiento social ascendente e imparable mediante engaños o mediatización. Frente a ello, ese movimiento debería esmerarse en evitar provocaciones, encapuchados y desorganización.

Y, mientras Cárdenas y Navarrete preparan su debate público, ¡hasta mañana!

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