En el último mes del periodo ordinario de sesiones la Cámara de Diputados tiene pendiente una abultada agenda, que incluye el rezago de mil 170 iniciativas y temas que los grupos legislativos pretenden aprobar, como la ley de la fiscalía general de la República, el sistema nacional anticorrupción y el aumento a los salarios mínimos.

El 23 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara la iniciativa de ley de la fiscalía general de la República, que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual se enuncia la creación de una fiscalía anticorrupción.

Se trata de la propuesta de ley reglamentaria de la reforma al artículo 102 de la Constitución, para que la representación de los intereses de la Federación quede a cargo ahora de la Consejería Jurídica de la Presidencia, con el fin de que la fiscalía se enfoque a la investigación y persecución de delitos, así como a la protección de víctimas.

La iniciativa prevé que la nueva institución cuente con al menos dos instancias de carácter especializado: en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, que sólo se mencionan como parte de la estructura orgánica de la fiscalía general.

En su reunión plenaria de agosto, el PRI definió como prioridad la fiscalía anticorrupción, en lugar de la comisión anticorrupción, que fue una promesa de campaña de Peña Nieto, presentada y aprobada por la bancada priísta en el Senado.

Autorizada en diciembre del año pasado, la minuta fue turnada a su vez a la Cámara de Diputados, donde se encuentra desde febrero en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción.

En octubre, la dirigencia nacional del PAN presentó su iniciativa para un sistema nacional anticorrupción y el PRI en la cámara aceptó constituir un grupo de trabajo que revisara la propuesta del blanquiazul para sumarla a la presidencial.

Respecto de la agenda legislativa pendiente, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, explicó que también debe desahogarse la iniciativa de su bancada para que el salario mínimo deje de utilizarse como referencia para indicadores como infracciones, créditos, multas o medir la inflación, y sustituirlo por la figura de unidad de cuenta del Estado mexicano.

La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Hacienda, con opinión de la de Presupuesto, pretende ser el primer paso para concretar el aumento a los salarios mínimos, propuesto por el Gobierno del Distrito Federal.

Según los cálculos del gobierno capitalino, es posible aumentar el sueldo de manera moderada, con prudencia y monitoreando las demás variables para no provocar inflación ni desempleo, o que sea factor de baja productividad y que el impacto en los precios sería de entre 0.3 y 0.5 por ciento.

Alonso Raya dijo que además se requiere que de manera urgente la Cámara considere una nueva reforma del Estado que se enfoque en seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que se discuta en el siguiente periodo de sesiones.

La complejidad del problema demanda una respuesta de Estado y la única forma de legitimar esta decisión es involucrando a la sociedad civil, a sus organizaciones y personalidades que cuenten con el propio respaldo ciudadano, aseveró.

Según el Sistema de Información para la Estadística Parlamentaria (Infopal), la 62 Legislatura ha recibido 2 mil 439 iniciativas. De éstas, el pleno aprobó 365, ha desechado 904 y tiene pendientes en comisiones mil 170.