Monterrey, NL.

Ugo Ruiz, alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, se puso un casco el pasado primero de agosto y, mazo en mano, empezó a derrumbar una pared de la Torre Tanarah.

Fue la culminación de una batalla legal que iniciaron en 2013 autoridades municipales y los constructores del lujoso edificio de 42 pisos y 100 metros de altura, enclavada en Valle Oriente, la zona comercial más exclusiva del noreste de México.

El edil panista buscó mostrar su triunfo sobre la desarrolladora Trinity, que sobrepasó por 23 metros de altura el permiso de construcción obtenido en 2009.

La torre Tanarah es un ejemplo del problema que enfrentan las autoridades locales debido a reglamentos obsoletos y a su propia inacción, pues los constructores prefieren violar la ley y pagar una multa por edificar metros extras que solicitar un permiso que les puede ser negado.

El riesgo que corren los desarrolladores tiene una explicación: el metro cuadrado de terreno en Valle Oriente se cotiza entre 2 mil y 6 mil dólares, y una oficina o un departamento construido sin permiso resulta muy rentable, aun pagando las multas que correspondan.

Aquí se llegó al exceso de que los desarrolladores prefieren violar el reglamento y pagar la multa que cumplir la ley. Eso habla de un vacío legal, explicó Gilberto Marcos, presidente de la Federación de Colonias (Fedeco).

Javier Livas, representante legal de Tanarah y conocedor de las lagunas en el reglamento de desarrollo urbano, señaló que, como no se excedió la superficie autorizada, sino únicamente la altura, el edificio puede regularizarse con anuencia de los vecinos.

El ayuntamiento llamó a cuentas a los propietarios de los inmuebles y en octubre de 2013 creó el programa temporal único para la restauración de la legalidad y el orden en el desarrollo urbano de San Pedro, el cual después sería rebautizado popularmente como mesa de la justicia.

Dicho programa invitaba a los constructores a inscribirse para buscar la regularización previo pago de multas en caso de violaciones menores; en caso contrario, debían demoler el excedente.

La convocatoria no interesó a quienes erigen algunos de los rascacielos, hoteles, centros comerciales y residencias más lujosos del país: sólo acudieron 11 de los más de 30 que, según Ugo Ruiz, están en situación irregular.

Entre los que respondieron estaban los constructores de Crepúsculo, conjunto habitacional que tenía autorizada licencia para edificar una vivienda unifamiliar y erigió un edificio de 12 departamentos.

A sus propietarios, Jorge Guerra Salvadores y Florinda Salvadores, se les impuso una multa de un millón 425 mil 600 pesos para regularizarse, y como rehusaron pagar, su edificio será demolido.

Esta alternativa de regularización ha sido criticada por varios especialistas, entre ellos José María Urrutia, experto en derecho administrativo, quien consideró que debe aplicarse la Ley de Desarrollo Urbano.

Si una constructora viola su permiso, lo procedente es la clausura y demolición, no la mesa de la justicia. Eso es ilegal, puntualizó el jurista.

Actualmente sólo los propietarios de los edificios Helicón, Lucena y Alear han pagado las sanciones fijadas por esa mesa y los inmuebles fueron regularizados.

Sólo por este último se desembolsaron 18 millones de peso. Las cuatro torres de 13 niveles de departamentos de lujo excedieron en 3 mil 150 metros cuadrados la superficie permitida.

El resto de los edificios irregulares está pendiente de pago de multa o demolición. Sus propietarios tienen la esperanza de que el próximo alcalde, que entrará al cargo el próximo año, les ofrezca otras opciones.

Por lo pronto, la demolición de los cuatro niveles, azotea y helipuerto de Torre Tanarah costará 12 millones de pesos, informó el alcalde sampetrino, Ugo Ruiz.

El gasto lo cubrirá el ayuntamiento y posteriormente le pasará la factura a la desarrolladora Trinity con la esperanza de que, ahora sí, la empresa cumpla con la ley.