Las reglas propuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para destituir a consejeros electorales locales generaron discordia entre los partidos políticos, porque unos piden agilizar este proceso y otros proteger la presunción de inocencia de los denunciados.

El titular de la unidad de vinculación con los organismos públicos locales (Oples) del INE, Olga Castro Ramírez, refirió lo anterior y propuso buscar el justo medio para no dejar en la impunidad una actuación ilegal de algún consejero, pero tampoco lesionar su dignidad profesional y moral difamándolo sin tener comprobada su culpabilidad.

Después de múltiples historias de consejeros electorales locales acusados de ser parciales, sin investigación ni castigo, la Constitución faculta por primera vez al INE para remover a estos funcionarios. La secretaría ejecutiva del instituto circuló un proyecto de lineamientos para ese fin, el cual ha generado debate entre los partidos políticos y consejeros electorales.

El PRD pidió agilizar este proceso de remoción al estimar que podría llevarse unos 120 días con el riesgo de que concluya la elección y el consejero electoral no sea castigado en caso de comprobarse alguna falta.

Mientras, en sus observaciones, Morena coincidió en no aplicar tiempos desproporcionados, y añadió que tampoco debe dejar de respetarse el principio de debido proceso consagrado en el artículo 16 de la Constitución federal. El PRI fue más allá y propuso que antes de llegar una investigación al Consejo General del INE, una comisión de consejeros determine si existe responsabilidad.

Para respetar los derechos de algún consejero electoral denunciado, algunos partidos políticos han propuesto mantener confidencial el proceso mientras no concluya. Ello implicaría informar el inicio la investigación sin dar el nombre ni los pormenores, indicó Castro en entrevista.

La ley marca siete causas por las cuales puede ser destituido un consejero electoral local: conducirse sin independencia e imparcialidad, ser negligente o descuidar su desempeño, conocer un asunto o participar en algún acto para el que esté impedido, así como realizar nombramientos indebidos.

También por emitir opiniones que impliquen prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, dejar de desempeñar sus funciones injustificadamente y violar de manera grave las reglas.

La investigación puede hacerse en 30 días y extenderse un tiempo similar. De llegar el caso al Consejo General, se requerirán ocho de 11 votos de sus iontegrantes para concretar la destitución.

La encargada de las relación con los Oples previó que dichos lineamientos quedarán aprobados en la sesión del Consejo General del próximo miércoles, junto con otros ordenamientos para definir las facultades del INE para asumir, atraer o delegar elecciones locales, los cuales también han generado observaciones de los partidos.

Con unas semanas laborando en esta área, Castro Ramírez rechazó que vaya a operar con dos direcciones y cinco subdirecciones –considerada una estructura excesiva. No hay una definición y por ahora laboran sólo cinco personas, explicó.