La institución financiera, blanco de una demanda por corrupción, que implica al gobernador Duarte
Domingo 16 de noviembre de 2014, p. 32
Chihuahua, Chih.
Del 7 de junio de 2012 al 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda del estado hizo 340 depósitos de fondos estatales por más de 500 millones de pesos semanales a la Unión de Crédito Progreso (UCP), que sumarían más de 83 mil 187 millones de pesos que entraron y salieron de la institución financiera con rendimientos anuales por 3 mil 700 millones de pesos.
Lo anterior demostraría que el dinero de las arcas estatales sirvió para capitalizar la UCP en el proceso de conversión a Banco Progreso Chihuahua, SA de CV, autorización que recibió de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) el 21 de marzo.
La UCP está en el foco de una demanda por corrupción contra el gobernador César Duarte, su es- posa, Bertha Gómez Fong, y funcionarios estatales, luego que el activista Jaime García Chávez documentó que el mandatario aparece como accionista de la institución financiera.
Los más de 83 mil millones de pesos depositados en Unión Progreso equivaldrían a todo el presupuesto de 2014 (55 mil millones de pesos) y dos tercios del de 2013, que fue de 53 mil millones.
Según los análisis financieros de los autores de la denuncia penal, presentada en septiembre pasado ante la Procuraduría General de la República, la CNBV y el Banco de México, esos recursos públicos habrían generado rendimientos anuales por 3 mil 700 millones de pesos. La cifra se induce de la tasa fija de 4.5 por ciento que maneja la UCP y de los cuales la institución financiera podría haber generado utilidades propias de entre 500 y 800 millones de pesos en el mismo periodo.
Según información solicitada mediante el Sistema Infomex Chihuahua, la Unidad de Información de la Secretaría Hacienda y Crédito Público informó que la administración estatal depositó 114 millones de pesos en cinco operaciones efectuadas en 2012.
En 2013 se efectuaron 262 depósitos por 57 mil 995 millones de pesos. Entre septiembre y noviembre de ese año se realizaron 12 depósitos por 806 millones de pesos cada uno.
En lo que va de 2014, Hacienda estatal ha efectuado otros 73 movimientos y hasta el 14 de octubre se habían ingresado a UCP 27 mil 978 millones de pesos.
Las fechas de los depósitos coinciden con el tiempo en que Jaime Herrera Corral ha sido secretario de Hacienda del estado y apoderado legal de UCP, lo que fue señalado por la calificadora financiera Moody’s cuando en enero de esta año emitió una calificación negativa al grupo financiero.
En su reporte del 17 de enero de 2014, Moody’s manifestó su preocupación en torno de conflictos de intereses derivados de las relaciones entre los accionistas de la unión de crédito y algunos funcionarios del gobierno del estado, donde se ubica la sede
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Basado en ese punto, los autores de la denuncia subrayaron la responsabilidad directa del secretario de Hacienda, quien en su doble carácter contó con información privilegiada, que posibilitó ofrecer tasas de interés mejores al resto de los bancos.
Los implicados en la trama
El periódico Norte de Ciudad Juárez publicó parte de la lista de accionistas del proyectado Banco Unión Progreso, en la cual aparece el fideicomiso de inversión y administración 744743, registrado ante la Notaría 6 de Ciudad Delicias, integrado por el gobernador y su esposa con un paquete accionario por 45 millones de pesos, presuntamente aportados por ambos.
También Carlos Hermosillo Arriaga, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento, y Guillermo Federico Duarte Medina, con 10 millones de pesos cada uno; con 52 millones de pesos aparece Elia Patricia Berges Chávez, esposa de Jaime Galván Guerrero, proveedor del gobierno estatal y propietario de uno de los aviones que usó el ahora gobernador para transportarse cuando era candidato al Poder Ejecutivo.
Las inversiones realizadas por el gobierno del estado en UCP corresponden a operaciones diarias y el saldo del cierre se refleja en el estado de situación financiera del gobierno que se publica de manera trimestral, dice el informe de Infomex.
El gobierno y Hacienda del estado justificaron que los depósitos se hicieron desde administraciones anteriores debido a que la institución financiera está autorizada por la CNBV y entre sus servicios está recibir depósitos de entidades públicas y privadas.
