Ante el ambiente de crispación social que hay contra la clase política por casos como el de Ayotzinapa y la necesidad de generar mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos, que generen confianza en los ciudadanos, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, consideró inconveniente en la discusión del presupuesto para el próximo año que los diputados locales se asignen nuevamente partidas especiales de gestión y para proyectos etiquetados.

En el presupuesto de este año cada uno de los 66 legisladores dispuso de 25 millones de pesos para asignarlos a programas y acciones que ellos decidieron. Una bolsa total de mil 650 millones de pesos, superior incluso a los recursos que correspondieron al presupuesto participativo destinado a las mil 794 colonias y pueblos de la ciudad, que fue de 762 millones 927 mil 282 pesos.

Si bien aclaró que no son fondos destinados al uso personal de los diputados y la Secretaría de Finanzas (Sefin) capitalina se encarga de revisar la viabilidad de los programas y acciones a los que se destinan, anticipó que buscará que este año no se reserve dicha partida.

Adicionalmente, a los 32 mil 183 pesos que reciben cada mes para la operación de sus módulos de gestión, los legisladores cuentan con 75 mil pesos para un programa de apoyo a la gestión, que pueden asignar a cinco rubros: educación; apoyo a la economía familiar; salud y grupos vulnerables; actos culturales, educativos y artísticos; apoyo a vivienda de alto riesgo y seguridad pública.

Creo que debemos tener una estrategia totalmente distinta a esos temas; hoy la ciudadanía, el país, espera una respuesta de sus políticos de diferente forma y yo creo que una de esas es justo acabar con estos esquemas, señaló.

En entrevista a propósito de una conversación telefónica que circuló en redes sociales e involucra al legislador local del PAN, Édgar Borja Rangel, en tratos para lucrar con un contrato de licitación y la participación del ex alcalde perredista de Iguala en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Granados dijo que el momento debe aprovecharse para revisar los mecanismos de control de los servidores públicos y de quienes aspiran a cargos de elección.

Abundó que si el personal de la procuraduría capitalina tiene que someterse a exámenes de control de confianza, no ve motivos por los que la clase política, los legisladores, no tengan que estar sujetos a esos esquemas y propuso revisar tambiénlo que tiene que ver con las partidas de gestión que se asignan a los legisladores o los famosos etiquetados, en los que estoy totalmente en contra, siempre lo he manifestado y otra vez pugnaré para que este año no haya esas asignaciones.