legraos, mexicanos soñadores, que ya lo dijo el ministro del año: el gobierno federal ha cubierto al 100 por ciento los ingresos petroleros para el ejercicio 2015 en los términos establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión para el año que entra (sic).

Fue tal la confianza en tal anuncio que ayer mismo el precio de la mezcla mexicana de exportación se redujo en 3.5 por ciento con respecto a la víspera, para cerrar el día en 70.60 dólares por barril, 22 unidades menos que al inicio de este zarandeado 2014.

Resulta que Luis Videgaray tuvo la cortesía de salir a detallar la estrategia del gobierno federal para cubrir el riesgo del precio del petróleo para el año 2015, la cual, de entrada, tendrá un costo superior a 10 mil millones de pesos para garantizar, según dijo, los recursos petroleros presupuestados para el próximo año, variable riesgo relevante para las finanzas públicas mexicanas dada la evolución negativa que ha tenido el precio del crudo en los mercados internacionales.

En su propuesta original para el próximo ejercicio fiscal, el Ejecutivo propuso al Legislativo un precio promedio de 82 dólares para el barril mexicano de exportación. Los diputados, que tardaron más en abrir la carpeta informativa que en alzar la mano, lo redujeron a 81 dólares, pero en el Senado lo recortaron a 79 dólares, cota que ya fue aprobada, junto con tipo de cambio peso-dólar de 13.40 unidades.

Cuando los senadores corrigieron a los diputados y decidieron reconsiderar el citado precio, el barril mexicano se vendía a 78 dólares. Aprobada la Ley de Ingresos y, en general, el presupuesto de egresos de la Federación para 2015, ese mismo barril se vende a 70.60 dólares y descontando. El tipo de cambio ronda los 13.90 pesos por billete verde.

A sabiendas de que el precio del crudo mantiene su tendencia descendente, la Secretaría de Hacienda optó por no aceptar públicamente el deterioro y aferrarse a los citados parámetros para no meter más ruido a la de por sí deteriorada credibilidad en el gabinetazo gubernamental. Sin embargo, sin hacer alharaca se dedicó a negociar coberturas de riesgo y fijar su meta en 76.40 dólares por barril, lejos de los 79 que oficialmente aprobó el Congreso.

Ya aprobada la Ley de Ingresos 2015 (la de los 79 dólares por barril), el ministro del año salió a explicar de qué se trataba la silenciosa negociación, la cual, según sus palabras, fue la siguiente (se respeta sintaxis): “la estrategia se da en dos partes. En primer lugar, se hizo un ejercicio de compras de opciones, recordemos que las opciones que compra el gobierno federal son opciones financieras en las cuales el gobierno tiene el derecho más no la obligación de vender el petróleo a cierto precio.

“Hemos realizado un conjunto de operaciones. Entre septiembre y noviembre (N de la R: meses de presentación, revisión y, en su caso, aprobación del paquete económico del Ejecutivo federal) se realizaron 43 operaciones en los mercados de derivados internacionales, se realizaron con siete contrapartes y nos han permitido mediante la estrategia de opciones proteger un precio de 76.4 dólares por barril.¿Esto qué significa? Que por independencia de cuál es el precio promedio para el año que entra, el gobierno federal puede ejercer las opciones si el precio promedio de venta en el año está por debajo de los 76.4 dólares por barril.

“Con respecto al diferencial los 2.6 dólares por barril que no están cubiertos por el sistema de coberturas, éstos están cubiertos a través de una subcuenta dedicada en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el FEIP. Se han separado dentro de este fondo 7 mil 944 millones de pesos que cubrirán el diferencial. Con respecto del monto que está cubierto, se han cubierto 228 millones de barriles que es lo que corresponde al riesgo neto, la exposición equivalente del gobierno federal.

Por lo tanto, en la combinación de la compra de las opciones más los recursos ya separados en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios el FEIP, tenemos asegurado el cien por ciento de los ingresos que derivan de la proyección del precio del petróleo contenida en la Ley de Ingresos de la Federación. Esto sin duda es una buena noticia para el país, para la estabilidad macroeconómica del país y para el ejercicio de los recursos públicos federales del año entrante que tendrán la seguridad, la certeza de tener soporte en los ingresos petroleros al precio al cual se estableció en la Ley de Ingresos.

En castellano simple, lo anterior se traduce en que el gobierno mexicano (como hace desde 2003) compró un seguro para garantizar cierto precio del barril (76.40 dólares, no los 79 presupuestados), y como en el caso de, por ejemplo, el aplicable a un automóvil, se registren o no efectos negativos la póliza debe cubrirse y si hay daños a terceros se paga una prima. Todo ello, dice el ministro del año, “es una muy buena práctica… en los años en los que no es necesario ejercerlo pues tal vez en retrospectiva parecería que se invirtió una cantidad importante en algo que no se utilizó; sin embargo, recordemos la experiencia de 2009”.

Y ante un panorama como el que estamos viendo en los mercados internacionales donde hoy en día, el día de hoy tenemos ya el precio del petróleo crudo de exportación de la mezcla mexicana en 73 dólares, pues el tener estos elementos de cobertura sin duda es algo sumamente valioso para la economía mexicana, para su estabilidad, y por supuesto para la sustentabilidad de las finanzas públicas.

El problema es que el barril ya no está a 73 (Videgaray dixit), sino a 70 dólares, y en el citado seguro así como se fija un precio máximo también se establece uno mínimo, y esa parte el ministro no la detalló. Y en el corto plazo se prevé una caída hasta 60 dólares por barril. Pero bueno, dice que el ingreso petrolera está garantizado, aunque también en dos años no ha dejado de asegurar que ahora sí la economía crecerá fuerte y sostenidamente.

En este contexto, una buena práctica sería comprar un seguro contra las metidas de pata de los gabinetazos que padecen los mexicanos, pero si así fuera sin duda quebrarían las compañías aseguradoras.

Las rebanadas del pastel

Y en la danza de los millones (del erario) toca el turno al gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien asegura no ser dueño ni socio del Banco Progresa (es una calumnia de grillos), aunque ya la empresa financiera confirmó que sí participa, mediante la inyección de módicos 65 millones de pesos. ¿Los pagará a plazos, como las casas en las Lomas?

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