El Senado de la República condenó la agresión física y verbal que sufrió el lunes el perredista Alejandro Encinas y exigió que de inmediato sean puestas a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales las personas que cometieron ese acto cobarde, de notoria ilegalidad.

En el acuerdo, leído por el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, se señala que la violencia es inadmisible en un estado de derecho.

Senadores de todas las fuerzas políticas expresaron su solidaridad con Encinas, quien el lunes fue agredido física y verbalmente por un grupo de jóvenes en Xalapa, Veracruz, y advirtieron que debe frenarse a quienes buscan provocar violencia en todo el país.

El panista Javier Corral recalcó ante el pleno del Senado que no debe confundirse la protesta social con actos de provocación, como el ocurrido el sábado pasado en Palacio Nacional. Sus compañeras de bancada Luisa María Calderón y Angélica Rojas, así como la senadora perredista Dolores Padierna llamaron a recobrar la gobernabilidad del país.

Por su parte, Encinas advirtió que la provocación en momentos de tensión y crispación, como los que se viven, sólo busca distraer la atención de los problemas centrales, como el esclarecimiento de los hechos de barbarie que se vivieron en Iguala.

Agregó: queremos conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y, por más provocaciones que pretendan, no se podrán minimizar las grandes manifestaciones que se están dando en el país.

En entrevista, convalidó la información difundida por el sacerdote Alejandro Solalinde de que al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca lo detuvieron en Veracruz, no en Iztapalapa como difundió el gobierno federal.

Encinas dijo que como presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional –cargo que recién dejó– recibió la misma información de un senador de su partido, por lo que debe ser investigada a fondo, porque hay muchas dudas no sólo sobre el lugar donde se detuvo a los Abarca, sino en toda la investigación acerca del destino de los normalistas. Recalcó que hay responsabilidades federales y locales que deben aclararse, entre ellas de su propio partido, el PRD, en los hechos de Iguala.

Consideró que se requiere conocer qué nivel de penetración tuvo Abarca en la estructura del PRD y si financió a algún grupo o campaña, ya que se habría hecho con dinero de origen ilícito.

Entrevistado durante el homenaje que rindió la delegación Cuauhtémoc al alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López Mendoza, Encinas señaló que el PRD vive la peor crisis política de su historia por el caso Iguala. Hay un costo político por este hecho y la investigación, insistió, debe ir a fondo para conocer hasta dónde se infiltró ese grupo delincuencial (Guerreros Unidos) en los partidos, incluido el PRD, que permitió que operara impunemente por lo menos en 15 municipios de Guerrero y uno del estado de México.