na demanda recibida el 7 de agosto por la Corte Penal Internacional (CPI) detalla los cargos que se pueden imputar a la que llama la élite en el poder del país acusado. La demanda abarca a miembros del gobierno, las fuerzas armadas y grandes empresarios. Dicha élite habría incurrido en traslados forzosos, asesinatos, arrestos ilegales, persecución y otros actos inhumanos con el objetivo de enriquecerse y mantenerse en el poder a cualquier costo. Todo lo cual cabe en la definición que el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, establece para los crímenes contra la humanidad, aunque nunca se han aplicado a desplazamientos forzosos producidos, no en un contexto de guerra, sino por concesiones realizadas por el gobierno a empresas de medio mundo, dice un informe.

En un momento en el que las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la tierra han alcanzado niveles escandalosos, esta comunicación da a la CPI la rara oportunidad de confirmar el papel de la ley internacional para proteger a las poblaciones de los desplazamientos masivos forzosos durante tiempos de paz, aseguró Richard J. Rogers, abogado del bufet londinense Global Diligence que representa a las víctimas, reporta Laura Villadiego en ¿Expropiaciones forzosas, nuevo crimen contra la humanidad? (30 de octubre, en la revista digital esglobal, editada en Madrid como heredera de la conservadora Foreign Policy en español).

Aunque podría, no se trata de México (todavía), sino de Cambodia. Mas luego de las reformas estructurales que las élites nos terminaron de asestar, y su aplicada reglamentación para las expropiaciones en favor de petroleras, mineras o constructoras (y sin derecho de consulta para los afectados, la Tremenda Corte dixit), bien podría el régimen peñista ponerse pronto el saco, no lejos de Guatemala.

El término crímenes contra la humanidad fue acuñado en 1915 cuando Francia, el Reino Unido y Rusia denunciaron el exterminio de armenios en Turquía. El nuevo concepto adquirió relevancia al ser juzgados los criminales nazis tras la infame Segunda Guerra Mundial. En las siguientes décadas, apunta la autora, las condenas por crímenes contra la humanidad se han aplicado fundamentalmente a asesinatos en masa, violaciones, tortura o esclavitud. La nueva demanda podría ampliar este concepto a un tipo de crimen que ha estado en auge durante los años recientes: la expropiación masiva de tierras.

Global Diligence insta a la fiscalía de la CPI a abrir una investigación sobre las expropiaciones en Camboya, donde 770 mil personas (6 por ciento de la población) han perdido sus tierras en lo que va del siglo por las concesiones del gobierno. La demanda, apunta Villadiego, podría sentar un precedente jurídico para otros casos de expropiaciones de tierras en el mundo, un fenómeno que la FAO describe como global.

El carácter masivo y violento que han tenido las expropiaciones en Camboya será un argumento de peso para la fiscalía. Las expropiaciones de tierra son un problema crónico y masivo en Camboya. Es una de las violaciones de los derechos humanos más graves en el país y ha empeorado durante los últimos años, según Chak Sopheap, directora del Centro Camboyano por los Derechos Humanos, quien destaca que la represión contra activistas se ha endurecido en 2014.

Cabe mencionar que la CPI sólo puede juzgar a personas, no Estados, y para ello necesita que los acusados sean detenidos y extraditados a La Haya, algo a lo que probablemente se opondrá Camboya, a pesar de ser un país firmante del Estatuto de Roma. Acá, el gobierno de Ernesto Zedillo firmó el Estatuto de último minuto, el 7 de septiembre de 2000.

Uno de los mayores obstáculos será demostrar que las expropiaciones forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, como estipula el Estatuto. Probablemente el gobierno dirá que tiene el derecho a organizar el suelo si es en el interés público y si hay compensaciones adecuadas. Pero el problema es que casi nunca es por interés público y casi nunca hay compensaciones, sostiene Scott Leckie, director de Displacement Solutions, organismo que apoya a víctimas de desplazamientos forzosos.

A pesar de las dificultades, el caso de Camboya es una esperanza para otros movimientos en Asia y otras regiones del mundo, apunta Villadiego. Camboya es uno de los países que más se ha movilizado internacionalmente y varias comunidades han presentado quejas ante la OCDE y la Unión Europea. Pero no es el único, también Laos y Myanmar han denunciado esta práctica (propia del capitalismo en su agresiva fase neoliberal, como bien sabemos en México). Bloquear una investigación de la CPI es un asunto muy serio, advierte Leckie. Implica sanciones al país que pueden llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fundamentar órdenes de arresto de Interpol para los acusados.