l informe sobre el estado de las investigaciones en el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, presentado por el procurador general, Jesús Murillo Karam, a través de la televisión fue contradictorio, incompleto, apresurado y contrario a la ley procesal. No se sabe en qué condiciones esos tres de los presuntos delincuentes aceptaron confesar ante la televisión los delitos por los cuales han sido apresados, ni cuáles normas legales permiten que en los inicios de la fase de la instrucción del proceso penal esas declaraciones y confesiones se hagan públicas ante el país entero. Por otra parte, esta ceremonia pone en riesgo la marcha entera de la investigación y las posibilidades de apresar a otros autores y cómplices todavía prófugos.

Las declaraciones mismas muestran que cada uno de esos tres informantes sabe más de lo que dice. La parte que se nos da a conocer de esas declaraciones carece de sentido por fragmentaria e insustentada. Esta ceremonia indica en las autoridades gubernamentales un estado de apresuramiento por salir del paso y dar un cierre a un crimen, cometido por fuerzas de seguridad pública, que está lejos de haber sido esclarecido en toda su terrible dimensión.

El espectáculo fue un ejercicio mediático hacia una opinión pública alarmada e indignada y un ejercicio de crueldad innecesaria sobre los sentimientos de dolor de los padres, las madres, los familiares y los compañeros de los desaparecidos. Eso no se hace, eso no se debe hacer por respeto a la incertidumbre angustiada y a los derechos humanos de todos ellos y del pueblo mexicano en su totalidad.

Las declaraciones del procurador confirmaron a plenitud la configuración de un crimen de Estado. Preguntado por qué el Ejército no intervino cuando casi a sus puertas las fuerzas policiales de Iguala estaban apresando y matando estudiantes, respondió: El Ejército se mueve sólo por órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió! El crimen estaba siendo cometido por la autoridad de Iguala y el Ejército hubiera apoyado obviamente a la autoridad, es decir, al crimen que esa autoridad estaba cometiendo. En cuanto a que la alcaldía de Iguala –o de cualquier otra ciudad– no forma parte de la estructura nacional del Estado federal, es una afirmación insostenible en doctrina y en derecho.

La tragedia de las desapariciones forzadas ha puesto en crisis a todo el sistema de partidos políticos reconocidos y sostenidos por el presupuesto estatal. En particular el Partido de la Revolución Democrática no puede eludir su responsabilidad como institución en los crímenes cometidos por representantes suyos, electos bajo sus siglas, y cuyos procederes delictuosos habían sido denunciados hace tiempo. La desaparición forzada fue cometida por un gobierno municipal del PRD y encubierta durante ocho días por un gobierno estatal del sol azteca. Esta quiebra moral, institucional y jurídica ha sido respondida sólo con disculpas y evasivas de sus dirigentes, en el estilo del PRI en Tlatelolco y del PAN en las desapariciones, los feminicidios y las muertes del sexenio funesto de Felipe Calderón.

No estamos solamente ante un crimen de Estado. Conductas y procederes denotan una crisis del aparato estatal o, si se quiere, una crisis de Estado que pone en cuestión toda la aventura de las llamadas reformas estructurales emprendidas por el actual gobierno sin la aceptación y el consenso necesarios de la nación, es decir, de las mexicanas y los mexicanos ante quienes debe responder de sus acciones y decisiones.

Después de la conferencia de prensa del procurador y el viaje a China y Australia del Presidente en plena repercusión internacional de esta crisis de los derechos humanos, las explicaciones y las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades federales han perdido credibilidad ante la población. Esas autoridades tienen la tarea y el deber de proseguir sus investigaciones. Pero, al igual que los padres y madres exigieron y obtuvieron la intervención y el dictamen de equipos de expertos forenses experimentados, confiables e independientes probados en otros países, a esta altura es imprescindible aplicar el mismo criterio para la investigación de todo el conjunto del crimen de desaparición forzada de los 43 estudiantes.

Sin perjuicio de las investigaciones en curso, es imprescindible la constitución de una Comisión de Investigación de las Desapariciones Forzadas integrada por representantes calificados de organismos internacionales de derechos humanos confiables y acreditados, que den a los padres y madres, a la nación y al pueblo, garantía de seriedad, imparcialidad y experiencia, acompañada y asesorada también por los organismos de derechos humanos de México y de Guerrero que en tantos años se han acreditado por sus trabajos.

Esa comisión necesitará disponer del derecho y la libertad de ver todos los expedientes, interrogar a todos los presuntos responsables, acceder a los lugares donde puedan hallarse pruebas, pistas o huellas de los estudiantes desaparecidos, ingresar a los recintos policiales y a los cuarteles militares, como ya se ha hecho en los casos de otros países de nuestro continente ante similares violaciones masivas de los derechos humanos.

Los 43 normalistas de Ayotzinapa no son un caso aislado y repentino. Son la trágica culminación de una historia de decenas y decenas de miles de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, feminicidios y masacres desde Acteal hasta hoy y desde mucho antes. En esta crisis es preciso ir a fondo o no habrá paz ni libertad ni calma para ningún proyecto de futuro.