El presupuesto en seguridad y procuración de justicia se incrementa cada año sin que ello derive en una mejoría en el área.

El gasto en seguridad pública aumenta junto con la percepción de inseguridad. Es suficiente con observar las lamentables consecuencias de la infiltración del crimen organizado y acontecimientos como Tlatlaya e Iguala, advierte el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

El Ejército, la Marina y la Procuraduría General de la República gastarán más de 115 mil millones de pesos, según el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año entrante.

Si los diputados aprueban la propuesta del Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, responsable de la estrategia de seguridad, ejercerá 77 mil millones de pesos; 10 por ciento de ese monto iría para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el órgano civil de inteligencia del gobierno federal, y sus planes para construir bunkers regionales.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados será de más de 8 mil millones de pesos.

Además, el PEF prevé 4 mil millones para dar subsidios a municipios y estados para fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad.

Las asignaciones presupuestales a dependencias y entidades aumentan año con año, lo mismo sucede con el dinero destinado a programas públicos.

El gobierno gasta cada vez más y paradójicamente sus resultados cada vez son más cuestionables. La inercia del gasto se mantiene sin reflexión alguna sobre los resultados que generan, advirtió Óscar Arredondo, de Fundar, en el análisis del desempeño del gasto público.

Subraya que México requiere sistemas e indicadores creíbles, válidos y confiables porque la evaluación no puede determinarse sólo con base en actividades institucionales, especialmente en áreas tan importantes como la educación, salud o seguridad.

En este último punto alerta que es necesario cuestionar ¿qué resultados positivos ha arrojado el dispendio de recursos públicos en materia de seguridad y cómo se ha evaluado el impacto de ese gasto en una paz pública malograda?

La supersecretaría

Por su parte, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados precisa que de los 77 mil 721.7 millones de pesos para la Secretaría de Gobernación, por ley coordinadora del gabinete presidencial, 91.8 por ciento se concentra en tres funciones: asuntos de orden público y seguridad interior, justicia, así como seguridad nacional.

De ese 91.8 por ciento, más de la mitad corresponde al primer rubro; 28.6 por ciento, al segundo (aquí se propone un aumento de mil 724 millones a las tareas de administración de la procuración e impartición de justicia), y 9.8 por ciento irá para servicios de inteligencia. En pesos, el trabajo de inteligencia costará el año entrante 7 mil 616 millones.

En la subclasificación de seguridad, una quinta parte va para el sistema federal penitenciario; 26.2 por ciento para la implementación de operativos; 6.6 para la naciente gendarmería nacional; 6.3 de subsidios a municipios para fortalecer la seguridad, y el resto a otros programas.

De los 33 programas que tendrán algún aumento en 2015, respecto del año en curso, destacan: proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública (sube casi mil millones de pesos); gendarmería nacional, con 592 millones más; registro e identificación de población, al pasar de poco más de 200 a 600 millones de pesos, y Plataforma México, igualmente con un avance de 393 millones, equivalente a 34.8 por ciento del presupuesto actual.

También hay aumentos para coordinar la política migratoria y para implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y sus habitantes, con un avance de 85 por ciento, esto es, 323 millones de pesos más.