Las iniciativas para prevenir y sancionar con severidad la desaparición forzada de personas están detenidas en comisiones en el Senado, denunció la perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa cámara del Congreso.

Dijo que es hora de que todos los grupos parlamentarios, pero fundamentalmente el PRI, por ser la bancada del gobierno federal, asuman sus responsabilidades y se apruebe la ley contra la desaparición forzada e involuntaria de personas. Será el primer paso que, como Estado, demos para responder a las miles de víctimas de este terrible delito.

La senadora De la Peña señaló que ni el gobierno federal ni el Congreso han tomado en cuenta los llamados, las denuncias y las advertencias que expertos nacionales e internacionales en el sentido de que una legislación ineficaz abona a la impunidad y al agravamiento del problema.

Agregó que en los casos de Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa se muestra la debilidad de las instituciones en México.

Recordó que en abril pasado, durante un foro en el Senado, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, dijo que lamentablemente el informe que el gobierno mexicano había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU sobre desaparición forzada dejaba mucho que desear, pues no habían detenido y procesado a los responsables, ni tampoco se habían esclarecido tantos casos de denuncias por desaparición forzada de personas.

En el mismo acto, Santiago Corcuera, miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, advirtió que la legislación mexicana debe tomar en cuenta que el crimen organizado busca deshacerse de personas en fosas clandestinas, una táctica que no sólo equivale literalmente al borrado de un individuo, sino que en su peor expresión representa una herida permanente, la peor duda: la ubicación final de cientos de víctimas.

La senadora perredista precisó que presentó una iniciativa para expedir la ley federal para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y, posteriormente, atendiendo propuestas de organizaciones de la sociedad civil, llevó ante el pleno del Senado el proyecto de una ley general en la materia, que sigue pendiente de dictaminar.