El informe dado a conocer por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en el que se afirma que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos podrían haber sido asesinados y quemados, tiene el propósito de desmovilizar a la sociedad y acallar la exigencia de que sean presentados con vida, señalaron integrantes de organizaciones sociales.

Este informe tiene la finalidad política de reducir la inconformidad y socavar los intentos organizativos en el país para hacer visibles las causas de la tragedia del 26 y 27 de septiembre pasado, indicó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos de La Montaña Tlachinollan, quien es asesor jurídico de los padres de los normalistas ausentes.

Para el litigante, no había necesidad de sacar a la luz pública este avance en las indagatorias de la PGR, con tanto detalle y minuciosidad, al grado de publicar todos los videos y las declaraciones de los detenidos, sobre todo cuando los resultados no son concluyentes.

A la luz de un análisis objetivo y frío, lo que dio a conocer Murillo Karam son avances en la investigación, porque sí hay tres personas que declaran haber agredido a los compañeros (normalistas). Es un indicio que las autoridades deben seguir, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que presenten estos pequeños resultados como el cierre del caso. Son datos mínimos y preliminares y la investigación debe continuar, recalcó.

Por lo anterior, Rosales consideró que el movimiento social tiene que seguir articulándose, porque más allá de sí son o no los restos de los desaparecidos, el objetivo final es su presentación con vida. Todos los mexicanos tendríamos que seguir movilizándonos para transformar las causas profundas que generaron estos graves hechos, manifestó.

En tanto, Dolores González Saravia, directora de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), coincidió en que hubo cierta prisa política de parte de la PGR para colocar su hipótesis de que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados, cuando lo más adecuado hubiera sido esperar hasta tener mayores elementos de comprobación.

Sobre la posible intención del gobierno de dar a conocer este informe para desmovilizar a los grupos que exigen la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos, la activista consideró que dicho escenario no está ocurriendo, pues la gente sigue involucrándose en acciones de protesta, tanto articuladas como espontáneas.

En todo caso, manifestó, el momento actual sí puede significar un punto de reflexión sobre lo que devela el proceso generado por Ayotzinapa, cómo nos interpela y cómo responder a la sociedad civil de forma más articulada. Hay que establecer un diálogo social amplio, plural y diverso sobre los temas estructurales que abrió el ataque contra los 43 estudiantes.