scribo desde el dolor y la rabia que me han producido los crímenes de lesa humidad cometidos contra jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre, donde fueron asesinados seis seres humanos, 15 más resultaron heridos y 43 fueron detenidos y desaparecidos. Indignación exacerbada por la versión oficial acerca de esos hechos, que fue presentada por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) el día 7 de noviembre pasado y a la cual me referiré (https://www.youtube.com/watch?v=QNcfdHUiP8c).

Lo primero que llama la atención es la evidente esquizofrenia discursiva del gobierno que, en grotesca intención de encubrir su responsabilidad en los hechos y en voz del procurador, nos dice: “Qué bueno que el Ejército no salió, pues obviamente hubiera apoyado a la autoridad constituida… hubiera sido un problema mucho mayor...” O sea, que, de haber salido, los militares habrían colaborado con los policías municipales que disparaban a mansalva, torturaban y secuestraban estudiantes indefensos y que el saldo sería aún peor. Es decir, que no hay estado de derecho posible, pues ni las fuerzas armadas federales del Estado, supuestas garantes de la legalidad, actúan respetando las garantías básicas de nuestra Constitución.

Como si no fuera suficiente, pero como para tranquilizarnos, el procurador realizó una segunda confesión: El Ejército sólo se mueve con órdenes. Lo cual nos refiere de inmediato al caso reciente de Tlatlaya y a la obligada pregunta de ¿quién ordenó esos asesinatos? y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares que sólo se mueven con órdenes. Por ley, el Presidente de la República es el comandante general de las fuerzas armadas.

Producto del esquema de ser y pretender no ser, del esquizofrénico discurso gubernamental, el procurador también afirmó: ¿Crimen de Estado?... Iguala no es el Estado mexicano. Como si Iguala fuera una ciudad de otro país y Guerrero y sus policías no formaran parte del Estado mexicano, abdicando de la obligación legal del gobierno federal de velar por la seguridad de todos los habitantes de la República mexicana. Declinación que se agrava por la magnitud de los hechos que se conocieron de inmediato y por tratarse de delitos que, de acuerdo con su propia versión, implican al crimen organizado, pero frente a los cuales el gobierno federal hizo todo lo posible por no involucrarse, y finalmente tuvo que atender 10 días después de los hechos (¡cuando cada minuto era valiosísimo para encontrar con bien a los 43 muchachos secuestrados!). Hoy sabemos, en palabras del propio procurador, que lo hizo hasta que la fiscalía de Guerrero declinó la competencia y le turnó a la PGR la investigación, y no por atracción jurídica del caso, que es facultad de dicha dependencia.

Sin embargo, siendo esto muy grave, es aún peor que el gobierno mintiera, a sabiendas, en su informe. El Ejército no salió, dijo categórico el procurador. Testimonios públicos de estudiantes sobrevivientes (youtube.com/watch?v=W2yBb-4B5FI), y así está documentado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una gran variedad de medios de prensa, dan cuenta de que el Ejército sí salió de su cuartel y estaba patrullando el lugar de los hechos. Al menos se puede probar que poco después de las 12 de la noche (una hora después de la segunda agresión a los estudiantes) una patrulla militar arribó a la clínica donde un grupo de normalistas habían llegado para que atendieran a uno de sus compañeros herido de bala en la cara; ahí los militares no sólo no los ayudaron, sino que los retuvieron, los fotografiaron y luego de increparles un muy sugerente ustedes se lo buscaron, los desalojaron mandándolos con todo y herido a la calle. Además, un par de horas después, a las 2:40, militares encontraron dos cuerpos sin vida, y a las 9:30 de la mañana el cuerpo del joven normalista que fue desollado y asesinado.

El Ejército sí salió de su cuartel, sabía lo que estaba pasando y si nos atenemos a lo dicho por el procurador, resultaría, que, el Ejército, obviamente apoyó a la autoridad constituida. Si el Ejército sólo se mueve por órdenes, tendríamos que saber quién dio la orden de salir del cuartel y a quiénes se consultó y/o informó, lo cual, por cierto, sería también obligado en la hipótesis contraria, pues incluso aun en la falsedad de que el Ejército no salió, el gobierno está obligado a informar de dónde vino la orden de no intervenir y dejar hacer a los policías municipales.

Ya sea por omisión y/o comisión, el Ejecutivo federal tiene responsabilidad directa en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Iguala por miembros de las fuerzas armadas del Estado mexicano, pero miente descaradamente para encubrir su propia responsabilidad. Por decir lo menos, la de su cómplice negligencia criminal, tanto frente a lo que ocurría en Iguala antes del día 26 de septiembre y que el procurador ni siquiera menciona, como en lo que ocurrió durante y después de la masacre. Paradójicamente, la prueba más reciente de ello es la postura oficial del gobierno federal presentada por el titular de la PGR.

Con una investigación claramente sesgada y acotada a lo local, que asume de antemano que se trató de un caso aislado y sin ramificaciones profundas en la estructura del Estado, el régimen pretende dar un imposible carpetazo a la atrocidad cometida en Iguala, como si ésta no hubiera hecho evidente a los ojos del mundo que, en México, el narco y el gobierno de Peña Nieto son dos caras de una misma moneda. Por el bien de México, deben marcharse.