La degradación de la Suprema Corte
ivimos en un Estado fallido? Por lo menos nuestras instituciones se precipitan en peligrosa descomposición. La Suprema Corte, que alcanzó una efímera independencia, está sufriendo una degradación. La sentencia que negó las consultas ciudadanas sobre la reforma energética son un síntoma. Sería interesante seguir ese proceso que ha llevado al tribunal a caer en la desconfianza de más de 63 por ciento de la población ( Parametría, I/2014). Seguramente seguirá derrumbándose con efectos para todo el sistema.
Recordemos que la Corte nunca, en nuestra historia, fue un verdadero contrapeso del Ejecutivo (salvo en la República restaurada). El presidencialismo la abrumó durante más de 120 años. Un extremo de corrupción y control se alcanzó al fin del salinato, al grado que Ernesto Zedillo (con fuerte presión del Banco Mundial) decidió reorganizarla en 1994, al empezar su régimen. Todos los ministros, excepto dos, fueron desplazados; se estableció otra normatividad y un nuevo elenco. Se reorganizó el Consejo de la Judicatura y hubo expertos que hablaron de una macro reforma judicial. El aparato, en su más alto nivel, logró dignidad y cierto grado de independencia inédita. El punto más alto fue la presidencia de Genaro Góngora (quien sufriría linchamiento mediático). Pareció que la Corte se hubiera convertido en un poder verdadero, como lo propone la Constitución.
La degradación empezó con Fox. El gobierno intervino cada vez más en el nombramiento de ministros. Impulsando a personalidades conservadoras y dúctiles. Poderosos influyentes, por medio de agentes como Diego Fernández de Cevallos, se metieron en los procesos de elección y, de modo progresivo, la Corte volvió a alinearse. Un caso extremo fue la manipulación del caso de Raúl Salinas en el tribunal colegiado que lo exoneró. En ese punto convergieron Fox, un ex presidente y varios ministros. Hoy, de acuerdo con lo que me informan litigantes, los ministros son parciales, disciplinados y previsibles, con excepción de dos. Pero, además, la corrupción que penetra todo ha permitido el enriquecimiento bastante explicable de algunos de los más conspicuos jueces.
¿Qué podríamos esperar? No son sorprendentes las sentencias en el caso Cassez, en el tema de la reforma fiscal, en anulación de plebiscitos. Hemos vuelto a la restauración del presidencialismo, pero en una etapa en la que ya no se puede tapar el sol con un dedo. Si México logra sortear la grave crisis que padecemos, se requerirá una nueva reforma judicial. Y quienes la decidan tendrán que volver a pensar en otro tribunal supremo y en otros jueces supremos.
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