n día después del anuncio formulado por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala habrían sido ejecutados, calcinados y arrojados a un río y un basurero en Cocula, de acuerdo con testimonios de presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos, persistieron las muestras de incredulidad y el escepticismo de los familiares de las víctimas, su entorno social de apoyo y organismos humanitarios internacionales, respecto de la voluntad del gobierno federal por esclarecer los hechos.

Como lo afirmaron la víspera los representantes de las familias de los normalistas, las acciones de comunicación social de autoridades federales en torno al tema estuvieron marcadas por el desaseo y la indolencia; dieron a conocer los videos que forman parte de los avances de la investigación a pesar de que las familias de las víctimas les pidieron no hacerlo, no presentaron evidencia irrefutable alguna sobre las versiones de los detenidos –porque carecen de ellas, a decir de las propias autoridades– ni esperaron a los dictámenes del equipo forense que acompaña a los familiares de las víctimas, todo lo cual ha alimentado la percepción de que lo que pretende el grupo gobernante es dar carpetazo al asunto. Un ejemplo de esa predisposición tuvo lugar ayer en un encuentro encabezado por el presidente del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho, quien calificó los hechos como una lección dolorosa y llamó a la sociedad a salir adelante.

Lo cierto es que la aparente premura del gobierno federal por dejar atrás el expediente de Ayotzinapa pasa por alto un elemento fundamental: los 43 desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre seguirán en esa condición en tanto no se aporten pruebas inequívocas sobre su paradero. En esa lógica, cualquier expresión del gobierno o de sus personeros políticos que intente predisponer un cierre de las investigaciones es totalmente improcedente, y ofensiva para las víctimas y sus familias, además de que constituye un agravio para la sociedad.

Por lo pronto, a juzgar por las reacciones de la ciudadanía –desde despliegues pacíficos y espontáneos hasta expresiones de crispación y violencia–, resulta claro que para grandes sectores de la población son insatisfactorios los avances registrados por la PGR y anunciados el viernes en un formato de cierre de investigación; que las pesquisas distan mucho de haber concluido y que ni siquiera lo habrán hecho cuando se tenga certeza inequívoca del paradero de los 43 normalistas desaparecidos: se requiere, por el contrario, esclarecer plenamente el móvil del episodio, deslindar las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno involucrados y capturar a todos los responsables.

En suma, quedan aún muchos puntos oscuros por esclarecer como para que las autoridades políticas del país pretendan dar por cerrado uno de los episodios más dolorosos y exasperantes de la historia reciente. Semejante actitud, por otra parte, es indicativa de un desgaste de las instituciones del país frente a las demostraciones de su propia incapacidad, que pareciera quedar simbólicamente resumido en el ya me cansé que el propio Murillo Karam expresó anteayer a la opinión pública.