Madrid.

La Fiscalía General del Estado, por orden del gobierno del presidente español Mariano Rajoy, solicitó a los tribunales catalanes que se investigue, identifique y, en caso de delito, procese a las personas y locales que estarán activos este domingo en el proceso participativo, con el que la sociedad catalana será consultada sobre si quiere independizarse de España.

Rajoy declaró este sábado que mientras él esté en el poder nadie romperá la unidad de España.

Están convocados alrededor de 6 millones 300 mil ciudadanos catalanes mayores de 16 años, de los cuales se prevé una participación masiva de más de 2 millones y 30 por ciento del censo.

Este domingo Cataluña vivirá una jornada histórica, en la cual, por vez primera, se preguntará a la ciudadanía sobre la pertenencia a España como comunidad autónoma y sobre las aspiraciones de la región a convertirse en un Estado independiente y separarse.

A los asistentes se les preguntará: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En la boleta habrá dos casillas, una para marcar sí y otra para no. Debajo del sí figura otra pregunta: En caso afirmativo, quiere que este Estado sea independiente?

En las encuestas más recientes, efectuadas por el gobierno de la Generalitat de Cataluña, de Artur Mas, se prevé una participación masiva, que incluso podría superar los 2 millones de personas, lo cual supondría para los organizadores un rotundo éxito, al tratarse de un proceso de participación ciudadana que no es vinculante ni tiene el estatus de referendo o consulta.

La jornada ha estado hasta el último momento en medio de una batalla judicial entre el gobierno español y los partidos políticos y asociaciones civiles que la apoyan.

De hecho, Madrid acudió en cuatro ocasiones ante el Tribunal Constitucional (TC) para que suspendiera de forma cautelar tanto la Ley General de Consultas –que se aprobó por el Parlamento catalán para esta jornada– como el decreto de convocatoria de la consulta. De igual forma, la iniciativa adoptada por el gobierno catalán para suplir la consulta impugnada y que se tradujo en el proceso de participación ciudadana que se llevará a cabo este domingo bajo el amparo de la legislación autónoma.

La última iniciativa del gobierno español para impedir que se lleve a cabo la consulta es la petición de la Fiscalía General del Estado para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abra diligencias contra los voluntarios y contra los locales en los que se celebre la votación, una vez que se tiene prevista la utilización de colegios públicos, lo que, a juicio de los fiscales, podría suponer una violación flagrante de la resolución del TC.

Desde Cáceres, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, habló en un acto de su partido sobre la consulta ciudadana. Advirtió que cuando se inició el proceso soberanista, dije que ese referendo no se iba a celebrar, que era ilegal, y no se iba a celebrar, y así ha sido. A lo de mañana se le podrá llamar como se quiera, pero no se le puede decir ni referendo ni consulta, ni nada que se le parezca. Reiteró que a los ojos del TC y de Madrid, el proceso es ilegal.

El mandatario español, acosado por los casos de corrupción que afectan a su derechista Partido Popular y a él, añadió con relación a Cataluña que España es una democracia en la que todos, y los gobernantes los primeros, estamos sometidos al imperio de la ley y no podemos obviar ni la Constitución ni las soberanías nacionales. Así que esperamos que a partir del lunes se recupere la cordura y hablemos, pero dentro de la Constitución y la ley.

En Barcelona, Artur Mas confirmó que será el gobierno que preside el que estará al frente del proceso de participación, así como del recuento de votos y de concurrencia en la jornada, en la que también serán vitales los miles de voluntarios que se movilizaron en torno al proceso.

Al ser cuestionado si teme una actuación contra el proceso por la fiscalía y el gobierno español, Mas respondió que por poco mínimo sentido común que tengan, cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia y a los derechos fundamentales de expresión y de participación de la gente. Nosotros queremos dar un mensaje potente desde este país y para ello estamos utilizando nuestro derecho a la expresión, aunque con un simbolismo político importante.

El gobernante catalán informó además que los resultados definitivos, tanto de la votación como de la participación, se darán a conocer el lunes, ya que la impugnación y suspensión del TC provocaron que se tuviera que recurrir a las administraciones locales, a los voluntarios y a los propios responsables de los partidos.

Desde la Asamblea Nacional de Cataluña, agrupación civil en favor de la independencia, su presidenta, Carme Forcadell, aseveró que llevar a cabo la consulta es un reto titánico, porque tenemos un Estado en contra, así que es imposible garantizarlo 100 por ciento. Y si en algún lugar no se puede votar, no será porque no lo habremos hecho todo, sino que el Estado nos lo habrá impedido.