El terreno es parte de una donación, según familiares de los demandados
Domingo 9 de noviembre de 2014, p. 32
San Juan del Río, Qro.
Una juez de esta ciudad giró órdenes de aprehensión contra Luciano Verde Olvera, comandante de la policía de este municipio; Abel Verde Olvera, ex delegado de la comunidad Nuevo San Germán, y otras dos personas acusadas por tres hermanas de Diego Fernández de Cevallos, del despojo de un terreno baldío, denunciaron familiares de ambos funcionarios, que se encuentran prófugos.
Rosa María y Sandra Verde Olvera, hermanas de Luciano, y Carmina Martínez Olvera, prima de Abel, relataron que en 1981 los hermanos Hernán y Juan Antonio Fernández de Cevallos donaron 7.3 hectáreas a 24 familias para que construyeran viviendas y las habitaran, como se estilaba entre los hacendados. Así se fundó Nuevo San Germán.
Sin embargo, Alfonso Fernández de Cevallos, apoderado legal de las tres hermanas del ex candidato presidencial, interpuso una denuncia contra habitantes de Nuevo San Germán por incurrir en el presunto delito de despojo de un predio que forma parte de una donación.
Consideraron que Claudia Morales Martínez, juez del primer juzgado de San Juan del Río, incurrió en irregularidades para girar la orden de aprehensión, pues al existir una demanda ante la agencia del Ministerio Público primero debieron citar a declarar a los acusados, lo que no ocurrió.
De los 25 acusados originalmente seleccionó a cuatro, de los cuales están encarcelados Lucio Verde Trejo y Germán Verde Olvera. Los otros son Luciano Verde Olvera, comandante de la policía de San Juan del Río, y Abel Verde Olvera, ex delegado de Nuevo San Germán, quienes se sustrajeron a la acción de la justicia.
Dijeron que la acusación de despojo se basó en un habitante que dijo haber visto a Luciano Verde manejando un vehículo que escoltaba una máquina pesada sobre el terreno baldío. Sin embargo, en el proceso de investigación no aparece declaración del presunto testigo, a pesar de lo cual se giró la orden de arresto.
Indicaron que existe un peritaje de la procuraduría del estado, el cual muestra que en el predio no existe construcción y está sin uso; además, forma parte de la comunidad.