Los diputados federales endurecieron las penas de cárcel contra quienes incurran en el delito de extracción ilegal de hidrocarburos, y otorgaron herramientas jurídicas y penales al Ministerio Público y a la autoridad judicial para el castigo por robo de combustibles y su comercialización.

Con 366 votos en favor, 17 en contra y tres abstenciones, el pleno cameral en San Lázaro aprobó la reforma que modificó los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como las leyes federales de extinción de dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución y contra la delincuencia organizada.

Todos esos ordenamientos contemplan la progresividad en las penas de cárcel derivadas de la cantidad de litros de combustible hurtados o sustraídos de manera ilícita.

Si un delincuente roba de los ductos de Pemex 300 litros o menos será castigado –él y sus cómplices– con pena de prisión de seis meses a dos años y 100 a 500 días de salario mínimo de multa. Si los combustibles superan los 2 mil litros se sancionará con cárcel de cuatro a 11 años y de mil 200 a 13 mil días de salario mínimo de multa

La nueva legislación, que fue turnada al Senado para su aval, señala tipos penales que sancionen el almacenamiento, transporte, suministro, ocultamiento, distribución y comercialización ilícita de hidrocarburos. Estos serán catalogados como delitos graves y de delincuencia organizada.

El presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Fidel Pacheco (PRI), expuso que con las citadas reformas se hará frente al incremento exorbitante de tomas clandestinas y comercialización ilegal de combustibles.

Problema de seguridad nacional

Catalogó ese delito como un problema de seguridad nacional, que frena el desarrollo económico, limita la productividad y aumenta los costos de operación de las empresas. Esa actividad indebida se ha incrementado de forma descomunal, pues en 2010 se presentaron 845 denuncias, y en lo que va de este pasaron a 3 mil 156.

Por el contrario, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, reprobó el contenido del dictamen, que a pesar de señalar sanciones a quien incurra en robo de combustibles también criminaliza a los franquiciatarios de miles de gasolineras a lo largo del país.

A los franquiciatarios no sólo les aplican penas severas, sino que el Estado, en su incapacidad para combatir el crimen organizado, les carga más la mano. Muchos gasolineros son amenazados de muerte por los delincuentes si no compran o expenden el combustible robado.

Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano, también se manifestó en contra del dictamen, porque criminaliza de más; se puede decir que ahora este robo se va a calificar como terrorismo, como delito grave. Lo que interesa a los ciudadanos es que la gasolina no siga subiendo, no que se incorpore al terrorismo a quienes, tal vez por necesidad, roben esos ductos o ese combustible.

Su correligionario Ricardo Mejía Berdeja sostuvo que el dictamen se convierte en una solución menor, que no va a la raíz del problema. No refleja toda su dimensión, pues considerar que sólo con la elevación de penas y homologar ese delito con el terrorismo se va a resolver un problema gravísimo en el país, no es la solución.

Por el contrario, el PRD, en voz de Alejandro Carbajal, consideró la nueva legislación como trascendente, porque las pérdidas que ocasiona el hurto de hidrocarburos repercute en programas sociales que ya se dejan de aplicar, como escuelas, hospitales u otro tipo de infraestructura.