El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) formalizó la presentación de un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la reforma energética y el impedimento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para efectuar una consulta a los ciudadanos sobre la privatización petrolera en 2015. Entre los firmantes del documento destacan el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y la escritora Elena Poniatowska.

En el documento, enviado vía electrónica y a través de mensajería al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, se estipula la violación de varias garantías individuales de los ciudadanos, entre ellas el derecho a participar en asuntos de interés nacional a través de las consultas populares.

Al ofrecer una conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Martí Batres Guadarrama, destacó que los ministros de la Suprema Corte ‘‘cercenaron’’ el derecho a la participación ciudadana y actuaron de modo contrario a la Constitución, en la medida en que la Carta Magna establece que en materia de derechos humanos deberá hacerse una interpretación que amplíe y no restrinja su ejercicio. Es deber de los ministros realizar una aplicación en los ‘‘mayores alcances posibles en términos del principio pro homine’’, menciona el recurso

De acuerdo con el documento, también firmado por Javier Jiménez Espriú, Claudia Sheinbaum, Loretta Ortiz y el propio Batres, se involucra al presidente Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, a la SCJN y los Congresos locales por la violación de derechos humanos, tanto desde la aprobación de la reforma energética como en la cancelación de la referida consulta.

Batres destacó que la Constitución sólo restringe seis ámbitos en materia de consulta popular: seguridad nacional, fuerzas armadas, ingresos, la conformación del sistema democrático y federal, derechos humanos y el ámbito electoral.

Se menciona que a lo largo del procedimiento sobre la reforma energética se violentaron diversos artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en especial la garantía de las sociedades a participar en los asuntos públicos de un país.

El documento enviado por Morena no sólo cuestiona la negativa a la consulta, sino también el conjunto de violaciones en las que a juicio de este partido político incurrió el Congreso de la Unión al momento de aprobar la legislación en materia energética.

Otros derechos humanos ‘‘violentados con la reforma’’, señala el recurso de Morena, son también la garantía plena a un desarrollo sustentable, y la de consultar a los pueblos originarios cuando se traten asuntos relacionados con la propiedad de sus tierras.

Batres Guadarrama expresó finalmente que su partido tiene la pretensión de agotar las instancias para revertir la reforma y la intervención de la Comisión Interamericana en este diferendo sería la última etapa de la fase jurisdiccional.