Abogados del ex edil piden duplicar el plazo para determinar situación jurídica
En declaración preparatoria, el imputado guarda silencio; sólo proporciona datos personales
Viernes 7 de noviembre de 2014, p. 6
José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, compareció anoche ante autoridades judiciales que encabezaron una diligencia de declaración preparatoria en la que el principal imputado del caso Ayotzinapa optó por guardar silencio.
A decir de fuentes del Poder Judicial de la Federación, el ex edil –detenido el martes en el Distrito Federal– sólo dio sus datos generales, y cuando el secretario de acuerdos le preguntó si quería decir algo, Abarca respondió que no.
Sus abogados pidieron la duplicidad del plazo constitucional para resolver la situación jurídica del ex alcalde, por lo que el próximo martes se sabrá si queda sujeto a proceso penal por crimen organizado, delitos contra la salud y privación ilegal de la libertad.
En tanto, un juez federal de la ciudad de México desechó ayer la demanda de amparo que promovió Abarca en días pasados, debido a que cuando la presentó no existía ningún mandato de captura en su contra.
El juzgado primero de distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal determinó desechar el juicio de garantías del ex edil, dio a conocer el Consejo de la Judicatura Federal en una tarjeta informativa.
Tomó esa determinación en la solicitud de amparo 979/2014 porque Abarca interpuso su demanda antes del 24 de octubre, fecha en que un juez federal de Tamaulipas ordenó la aprehensión.
José Luis Abarca pidió la protección de la justicia contra cualquier orden de captura, arraigo, presentación y localización, búsqueda o detención, girada por cualquier autoridad judicial o ministerial federal.
El juzgado de amparo recibió 44 informes de dichas autoridades, entre ellas 10 juzgados de distrito y 16 del fuero común de Guerrero, así como de la PGR, incluido el delegado en la entidad, y la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Distrito Federal.
Todas las dependencias reportaron antes del 24 de octubre que no existía ninguna orden judicial o ministerial para privar de la libertad de Abarca, motivo por el que su petición de amparo fue sobreseída (desechada).
