Madrid.

El Tribunal Supremo de España rechazó hoy la petición del gobierno catalán, de Artur Mas, de desestimar la medida cautelar del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe el proceso participativo convocado para el próximo domingo.

La consulta ciudadana en Cataluña sigue su batalla judicial. Tras las estrategias judiciales del gobierno español, encabezado por el conservador Mariano Rajoy, y de la coalición de partidos y asociaciones civiles catalanas, se espera que la consulta o proceso participativo ciudadano se realice aunque con gran incertidumbre sobre la forma y los límites legales para que participen autoridades, funcionarios e incluso miles de voluntarios que se sumaron a la organización del acto una vez que fue prohibido por el TC español.

El gobierno catalán presentó ante el Tribunal Supremo un recurso por abuso de autoridad y del derecho del gobierno español, al impedir, vía el TC, tanto la aprobación de la Ley General de Consultas –sancionada por el Parlamento catalán–, como la convocatoria a la consulta y, por último, la intención de celebrar el proceso participativo del próximo domingo.

Pero el Tribunal Supremo desestimó la petición de que se suspendiera la medida cautelar, al sostener que el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se decidió presentar los recursos contra la consulta democrática no es acto susceptible de recurso contencioso, ordinario ni especial, pues no es de los que la ley reguladora somete al control de los tribunales.

Esta decisión deja sin amparo legal al gobierno catalán para participar en la consulta del próximo domingo, con lo todavía no está clara cuál va a ser la función de las autoridades catalanas ni de los líderes políticos.

Más aún, el gobierno y la fiscalía de España advirtieron que en caso de incumplimiento flagrante de la orden de suspensión cautelar del TC se actuará. La actuación podría ir desde la detención del presidente Mas y la suspensión de la autonomía, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, hasta la identificación y multa de los que participen en la consulta; se prevé que millones de personas responderán a la convocatoria del domingo.

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, así lo confirmó, al sostener que si el gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico. Pero si se vulneran las leyes se promoverá la actuación que corresponda y –añadió– es lógico y razonable que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúen para cumplir las normas.