Washington.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, entregó al Congreso de ese país 64 mil 280 documentos sobre la polémica operación Rápido y furioso en respuesta a una orden judicial, informó el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El presidente de dicho comité, el republicano Darrell Issa, sostuvo que la entrega de los papeles representa la aceptación de que el Departamento de Justicia nunca debió excluir su otorgamiento al legislativo estadunidense.

“Aproximadamente dos terceras partes de los documentos que el Departamento de Justicia retuvo del Congreso han mostrado estar fuera del alcance del ‘privilegio ejecutivo’”, añadió.

Barack Obama invocó en su momento el privilegio ejecutivo para limitar la cantidad y alcance de los documentos que el gobierno federal estaba dispuesto a entregar al Congreso en relación con la pesquisa de la Cámara de Representantes.

La operación Rápido y furioso fue aplicada de 2006 a 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), y permitió el trasiego ilegal y supervisado de más de 2 mil armas de Estados Unidos a México.

En agosto pasado la jueza federal de la corte de distrito, Amy Berman Jackson, ordenó al Departamento de Justicia entregar la lista de documentos privilegiados sobre dicha operación.

La orden judicial obligó al procurador federal a entregar los documentos del operativo que no son considerados protegidos por el privilegio ejecutivo, con el fin de que puedan ser evaluados por el Comité de Supervisión de la cámara baja.

El año pasado la jueza rechazó una petición del procurador Eric Holder –quien dejará el cargo en breve– para anular la demanda del Comité de Supervisión para la entrega de documentos relacionados con dicha operación.

Aunque un reporte separado del inspector general exoneró a Holder de cualquier responsabilidad, hizo, sin embargo, críticas a tres altos funcionarios: el ex subprocurador Gary Gindler, el procurador adjunto Lanny Breuer y el subprocurador adjunto Jason Weinstein.

Darrel Issa aseveró que los investigadores del comité examinarán en detalle los documentos para verificar si corresponden al privilegio ejecutivo.

Apenas esta semana un nuevo reporte del inspector general del Departamento de Justicia reveló que agentes federales permitieron el ingreso ilegal a México de componentes para la fabricación de granadas dirigidas a los cárteles de las drogas.

El reporte de la Oficina del Inspector General del documenta que agentes de la ATF marcaron partes de las granadas compradas por el contrabandista Jean Baptiste Kingery para rastrearlas una vez que entraran al país.