Los siete militares implicados en el caso Tlatlaya que fueron consignados ante el Poder Judicial de la Federación el pasado viernes por diversos delitos se reservaron cualquier declaración ante el juez que resolverá su situación jurídica y solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será el viernes próximo, a las 8:22 horas, cuando se conocerá si enfrentarán un proceso penal o quedarán en libertad por las imputaciones de la justicia civil.

Autoridades del juzgado primero de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México, que actuaron por exhorto, fueron las que encabezaron la diligencia judicial.

A tres militares se les imputa el delito de homicidio doloso de ocho de los 22 presuntos secuestradores que fallecieron en septiembre pasado en Tlatlaya, estado de México.

Todavía no está claro si únicamente ocho de los 22 presuntos plagiarios que murieron en Tlatlaya fueron presuntamente asesinados por los militares o si sólo la PGR encontró pruebas determinantes para demostrar la culpabilidad de tres de los siete efectivos por ocho homicidios.

En caso de que el juzgado primero encuentre elementos suficientes para procesarlos, dictará auto de formal prisión el próximo viernes, a no ser que los abogados de los militares aporten pruebas esta semana encaminadas a demostrar su inocencia.

Independientemente de la imputación que hizo la PGR contra éstos, entre ellos un teniente, enfrentan cargos en el fuero castrense, por lo que, en caso de librar las acusaciones de la justicia civil, permanecerán en prisión.

Los consignados son: Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.