Madrid.

Todo está a punto y se mantiene el proceso participativo. Más claro ni el agua, advirtió este martes el consejero de la presidencia del gobierno catalán, Francesc Homs, tras anunciar que el próximo domingo, tal como estaba previsto, se llevará a cabo el acto de participación ciudadana en el que se prevé una masiva demostración a favor de la independencia.

Así, el gobierno catalán no reconoció la suspensión cautelar ordenada horas antes por el Tribunal Constitucional español (TC), que a instancias de un recurso presentado por el gobierno del conservador Mariano Rajoy exige a las autoridades catalanas que se suspenda sine die (sin plazo, sin fecha) la cita ciudadana.

El TC ordenó primero la suspensión cautelar de la Ley General de Consultas, aprobada por el Parlamento catalán, y el decreto en el que el Ejecutivo catalán convocó a una consulta ciudadana el próximo 9 de noviembre para expresar su modelo de Estado y una eventual independencia de España.

Ante esta prohibición, el gobierno de Artur Mas, con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos de la región y de dos plataformas ciudadanas que representan a millones de personas, decidió cambiar el referendo por un acto de participación ciudadana, amparado por la legislación autonómica.

A pesar de que no se trataba de una consulta formal ni de un referendo, el TC también ordenó la suspensión cautelar de este acto de participación ciudadana, lo que desató la indignación en todas las ciudades de Cataluña, donde una vez que se conoció la noticia se escuchó una cacerolada que en algunos barrios de Barcelona duró más de diez minutos.

La decisión adoptada por los magistrados españoles otorga 20 días al gobierno catalán para presentar alegaciones, dando por descontado que no se celebrará la consulta del próximo domingo. Se suspenden los restantes actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación no formalizada jurídicamente, vinculada a la referida consulta, señala el texto.

Desde Barcelona, el consejero de la presidencia, Francesc Homs, advirtió que todo está a punto para el acto de participación ciudadana del próximo domingo, y se mantiene la convocatoria para garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos de Cataluña.

La estrategia del gobierno catalán en los tribunales es presentar primero una serie de alegaciones ante el TC, en el que advertirán que como gobierno tienen el deber de salvaguardar la libertad de expresión de la sociedad catalana. Además, Homs anunció una demanda contra el gobierno español ante el Tribunal Supremo, en el que lo acusará de abuso de poder y de pretender cercenar derechos fundamentales como el de la participación ciudadana y el de la libertad de expresión e ideológica.

El gobierno catalán reiteró que la convocatoria para el próximo domingo es para un acto de participación ciudadana y en ningún caso se trata de la convocatoria al referendo. Así lo acordó además con sus principales aliados, Convergencia i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Iniciativa per Cataluña (ICV), la Candidatura d’Unitat Popular, la Asamblea Nacional Catalana y la plataforma cultural Omnimum, que están a favor de la consulta.

Javier Pérez Royo, catedrático en derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, explicó a La Jornada que, a su juicio, este tema no debió haber llegado nunca al TC, porque aquí no hay ni consulta ni referendo, simplemente hay una protesta por la anulación de la consulta que había sido convocada. Ahí debió parar todo, porque el domingo en Cataluña no habrá consulta, puesto que no hay censo electoral. Lo único es que la Generalitat ha convocado a los ciudadanos a que protesten y este es un derecho que no se puede limitar. Además de ser un error del gobierno, es un llamado a la desobediencia civil.

Pérez Royo fue más allá y acusó al gobierno español de querer limitar los derechos de los catalanes mediante una imposición que se ha convertido en humillación. Así que todo esto es un disparate que ha perdido toda lógica. Y si el domingo hay mucha gente esto puede ser un gran lío. No descarto consecuencias graves y no sé cuánto podrá aguantar el gobierno español.

El catedrático reconoció que el gobierno podría apelar al artículo 155 de la Constitución, reunir de urgencia al Senado y retirar la competencia al presidente de la Generalitat. Y esto puede suponer la detención de Mas, aunque no creo que se vaya a llegar a eso, pero no hay que olvidar que estamos en una situación de pulso político que está resolviendo un tribunal que tiene un desgaste brutal y eso hace que la situación sea más difícil.

El cantautor Joan Manuel Serrat también se pronunció sobre la situación en Cataluña, su lugar de origen: hay que ver la realidad, ya que gran parte de Cataluña tiene un claro sentimiento de secesión y el gobierno español no puede estar ajeno a ello. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con que las personas decidan sobre su futuro libremente? Estoy de acuerdo en el caso de Cataluña y de cualquier sociedad del mundo.