La dirigencia del PAN presentó ayer en la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma constitucional para constituir un sistema nacional anticorrupción, que plantea dar participación a la ciudadanía en la vigilancia de los funcionarios.

Sin embargo, en la estructura propuesta por el blanquiazul se contempla a los mismos poderes y entes autónomos que pretende supervisar, al plantear un consejo nacional para la ética pública, con la intervención de los titulares de los tres poderes de la unión y de los órganos autónomos, así como los gobernadores.

El presidente del partido, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que Acción Nacional va en serio contra la corrupción, que se extendió en los dos sexenios panistas y a pesar de que persisten casos como el del ex coordinador en la Cámara de Dipuatdos, Luis Alberto Villarreal, señalado de participar en una red de cobro cuotas a cambio de presupuesto para obras municipales.

Con esta iniciativa damos un paso muy importante para lograr lo que hasta ahora no había sido posible: combatir, de manera frontal e integral, la corrupción en nuestro país, dijo.

Indicó que a partir de un diagnóstico elaborado por el PAN, con la participación de académicos y especialistas, se concluyó que la corrupción le cuesta a México 9 puntos porcentuales del producto interno bruto, esto es 1.5 billones de pesos, lo que equivale a 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Expuso que los hogares con ingresos menores a un salario mínimo son los más afectados, porque destinan 25 por ciento de su presupuesto a pagos de trámites o servicios básicos.

Detalló que el sistema anticorrupción planteado por el PAN se desarrolla sobre seis ejes: un consejo nacional con amplia representación del sector público y de la sociedad civil organizada; un comité ciudadano para la ética pública, responsable de la instalación de observatorios ciudadanos en todo el país; el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación.

También, la ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de la fiscalía especializada de combate a la corrupción; retirar la facultad de sanción a las contralorías municipales, estatales y federal, porque los contralores son empleados de los alcaldes, gobernadores y del presidente de la República, y reproducir todo el sistema anticorrupción en estados y municipios.