La gran mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos no cumplen con su trabajo de documentar los abusos que se cometen en sus entidades, emitir recomendaciones y darles seguimiento, debido a que sus titulares son elegidos por acuerdos políticos con el gobernador en turno y muchas veces sus integrantes no tienen experiencia real en el tema.

Información reunida por los corresponsales de La Jornada en toda la República indicó que numerosos ombudsman locales tienen una labor tibia, omisa y hasta cómplice, a pesar de que en muchos estados se perpetran violaciones graves a esos derechos, como desapariciones forzadas, tortura o ejecuciones.

En prácticamente todos los estados los titulares de esas comisiones son elegidos por el Congreso local, que selecciona a los aspirantes de una terna presentada por el gobernador, siguiendo el mismo esquema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Senado.

Muchos ombudsman estatales se manifestaron en apoyo a la relección del titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.

Continúan los abusos

En una visita reciente a México, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza –ombudsman del Distrito Federal de 2001 a 2009–, señaló que los organismos públicos de defensa de esas garantías de todo el país reciben en conjunto unos 200 millones de dólares al año, sin que al parecer eso contribuya a disminuir los abusos o a satisfacer las demandas de las víctimas.

Entre los casos que ejemplifican dicha tendencia se encuentra el del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, Joel Arnulfo Correa, quien es médico infectólogo y, pese a su falta de experiencia en temas relacionados con la protección de esas garantías, cumplió un primer periodo en el cargo de 2010 a 2013 y luego fue relecto para un segundo mandato, que concluirá en 2016.

Consultado en su momento sobre su falta de actuación en un gran número de casos, sobre todo de abusos cometidos por las fuerzas oficiales de seguridad, Correa –quien recibe un salario mensual de unos 70 mil pesos– dijo que policías locales supuestamente vinculados a la delincuencia lo habían amenazado de muerte en su propio domicilio.

Según el ombudsman de Zacatecas, los agentes lo han seguido a bordo de sus patrullas y lo vigilan de cerca, por lo que declaró estar indefenso ante ellos. Pese a lo anterior, al finalizar su primer periodo buscó ser ratificado en el puesto y lo consiguió.

Sólo en horario de oficina

En Tamaulipas, el ex titular de la comisión estatal de derechos humanos Bruno del Río fue destituido por el Congreso local en 2013 por su falta de interés en uss funciones, lo cual quedó de manifiesto al ni siquiera presentar los dos últimos informes de su gestión y evadir de manera constante a los medios.

El actual presidente del organismo, José Martín García, repitió la misma actitud que su antecesor y adoptó en estos cuatro años el mismo calendario de labores de las administraciones estatal y municipales, incluidos días de asueto, puentes y periodos vacacionales, con horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y sólo de lunes a viernes.

Otro ombudsman local que ha sido fuertemente criticado es el de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, a quien académicos y organizaciones civiles acusan de promover el subregistro de los casos de tortura en la entidad, al reclasificarlos como lesiones.

Colectivos independientes señalaron que desde su llegada al cargo, en 2007, Álvarez se aumentó el sueldo 50 por ciento para llegar a 130 mil pesos, y en 2013 gastó 1.3 millones de pesos en comidas con políticos y funcionarios del estado.

En Durango, el titular de la comisión estatal, Roberto Chapula de la Mora, se ha destacado por emitir la menor cantidad posible de recomendaciones y concentrarse en buscar procesos de conciliación, sin importar si el quejoso tiene razón o fueron violadas sus garantías.

Con la lógica de que vale más un mal arreglo que un buen pleito, el funcionario se ha limitado a recibir denuncias de ciudadanos, tratar de calmar los asuntos y evitar que éstos sean ventilados en medios informativos.

Ni reparación del daño ni garantías de no repetición

En la misma línea de ineficacia y omisiones se encuentran muchos otros organismos públicos de derechos humanos en diversas entidades, según documentaron los corresponsales de este diario.

En Yucatán, la comisión local emitió una recomendación sumamente tibia en el caso del ex bracero Robert Tzab Ek, quien en agosto de 2010 falleció en los separos de la fiscalía general del municipio de Tekax, en condiciones que obligan a presumir que fue torturado por policías ministeriales.

En dicha recomendación, el ombudsman Jorge Victoria Maldonado no incluyó los testimonios de reos que escucharon a Tzab Ek pedir a los agentes que ya no le pegaran ni exigió reparación integral del daño para la familia de la víctima o garantías de que se evitaría otro incidente similar.

En Puebla, la comisión estatal, dirigida por Adolfo López Badillo, ha tenido una actuación omisa y hasta cómplice en el caso de la represión policiaca contra habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, quienes el pasado 9 de julio fueron replegados de un bloqueo carretero, presuntamente con balas de goma, lo que dejó un saldo de un niño muerto y decenas de heridos.

Ese organismo tampoco se pronunció sobre la detención arbitraria de los activistas Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, opositores al llamado Proyecto Integral Morelos, mediante el cual se busca instalar dos plantas termoeléctricas y un gasoducto en tres entidades.

Flores Solís fue aprehendido el 8 de abril pasado afuera de las oficinas de la comisión de derechos humanos, donde había acudido a solicitar la intervención de López Badillo a favor de Enedina Rosas, sexagenaria detenida sin orden de aprehensión.

Otros ejemplos de actuaciones deficientes son las de las comisiones de Chiapas, que el año pasado eliminó la consejería dedicada a proteger a los migrantes –pese a la gran cantidad de indocumentados que pasan por dicha entidad–; y de Guanajuato, que no investiga los presuntos abusos cometidos contra indígenas por despojos de sus tierras, al alegar que los afectados no han puesto una queja.

Pese a la gravedad de fenómenos como la desaparición forzada de mujeres y los feminicidios, las comisiones de estado de México, Coahuila y Chihuahua han sido omisas en este tema y se han limitado a documentarlo de forma parcial, de la misma manera en que la de Sonora no ha emitido ninguna recomendación sobre violencia contra periodistas, pese a que en los últimos dos años han ocurrido al menos 10 agresiones contra comunicadores.

Las que sí actúan

Hay comisiones que no han tenido un desempeño tan insatisfactorio, como la de Campeche, que dio seguimiento puntual al caso del taxista José Luis Flores Rosado, torturado y asesinado en 2010 por policías ministeriales.

La de Colima, por ejemplo, ha denunciado en varias ocasiones los abusos –incluso sus actos de tortura– de policías estatales, y la de Guerrero ha documentado casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y allanamientos ilegales de morada.

Pero incluso en esos casos la actuación de los ombudsman locales se topa con que las autoridades de la entidad no aceptan sus recomendaciones –o lo hacen parcialmente–, se tardan en responder o sólo imponen sanciones leves a los funcionarios implicados.