Los propietarios de casinos ilegales también utilizan halcones para escapar de la autoridad.

En lo que va del año al menos 35 establecimientos clandestinos han sido cerrados intempestivamente, no por la Secretaría de Gobernación (SG) sino por los operadores; otros seis están en la mira y los inspectores buscan una forma segura de llegar a los locales, ubicados en comunidades apartadas.

Un reporte interno de la SG aclara que la cifra anterior es intermitente, debido a la movilidad de los negocios clandestinos.

“No es posible precisar el número y ubicación de los casinos irregulares, porque se tiene detectado que algunos son inestables, esto es, abren, cierran y cambian de domicilio con regularidad; son establecimientos conocidos como ‘brincos’”, se indica en el documento.

“Es complicado llegar a ellos (casinos ilegales) por los halcones de los propietarios, quienes deben avisar cuando está cerca algún operativo de Gobernación. En realidad estos comerciantes son apostadores profesionales... pero de ver quién gana si ellos o la autoridad”, dijo un abogado de Gobernación.

Al 29 de octubre, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la SG tiene el registro de 313 casinos legales en operación en todo el país; se trata de establecimientos de permisionarios avalados, aunque su operación es también inestable.

El número puede variar por tres factores: cierre temporal o definitivo dictado por la SG; clausura a cargo de la autoridad local (tras la verificación de protección civil o uso del suelo, entre otros motivos), y por el propietario, ya sea por causas económicas o de estrategia de negocios.

Gobernación ha cerrado este año 57 locales (18 legales y 39 ilegales); 23 la autoridad local, y 55 el permisionario, según datos oficiales a los que tuvo acceso La Jornada.

Adicionalmente se reporta el cierre de nueve minicasinos, es decir, establecimientos ilegales dedicados a la explotación de maquinitas tragamonedas.

En este punto, la SG afirma que en lo que va del sexenio se han decomisado unas 10 mil maquinitas (menos de 7 por ciento del estimado de operación nacional de estos aparatos) y 60 minicasinos.

Al respecto, la titular de Juegos y Sorteos de la SG, Marcela González Salas, advirtió que continuarán los decomisos.

Ella y su equipo tienen la certeza de que tras este negocio se encuentra la delincuencia organizada, especialmente la distribución de drogas (desde mariguana hasta crack), extorsión y pago de piso; afirman que es un factor de corrupción para los jóvenes; fuente de apuestas no controladas y ludopatía; evasión de impuestos y, además, de uso de materiales altamente contaminantes.

Tenemos los estudios que muestran el avance de la delincuencia, sobre todo juvenil, y la relación con el auge de estas máquinas en Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Nayarit y Colima. Los delincuentes tenían entre 16 y 24 años. Además, en los asaltos en el valle de México, los chavos son quienes desertaron de la escuela y empezaron con este tipo de adicciones (al juego), dijo en entrevista.

Sin embargo –agregó–, nadie veía la dimensión y los efectos de las maquinitas, las cuales son diferentes a los videojuegos, porque en las tragamonedas se mueve dinero, las apuestas.

Para los miles de propietarios de maquinitas (cuatro asociaciones se han acercado a la autoridad, afirman que agrupan a unas 15 mil personas, afectadas por los operativos federales), la única opción es la asociación para instalar minicasinos, locales con no más de 30 máquinas y regulados por Gobernación.

La dependencia se apoya en información ciudadana para acudir a los lugares en los que operan estos aparatos; precisa que hasta el momento se han registrado más de 12 mil denuncias anónimas, especialmente por el auge en una decena de entidades.