El Senado está obligado a revelar los criterios que utiliza para definir quiénes son los candidatos con más posibilidades de ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en lugar de sólo dar a conocer una lista de nombres, sin tomar en cuenta la opinión de la sociedad, señalaron activistas de colectivos independientes.

Édgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, lamentó que los senadores encargados de este tema no hayan sido transparentes en su actuación, luego de que el viernes afirmaron que entre los aspirantes más fuertes se encuentran Luis Raúl González Pérez, Raúl Farah, Carlos Pérez, Ricardo Bucio y Sara Irene Herrerías.

“Nos siguen debiendo una explicación sobre los criterios con los que deciden quiénes son los candidatos con más posibilidades. Lo importante no es que nos digan ‘tales y tales personas pueden ser’, sino cómo llegaron a esa conclusión, qué tomaron en cuenta, qué evaluaron, porque los criterios de la convocatoria son muy amplios y pueden ser arbitrarios”, manifestó.

En caso de que los legisladores sigan sin hacer pública la forma como depuraron la lista de aspirantes –que llegó a ser de 22 en las comparecencias– persistirán las dudas sobre si el personaje designado cumplirá con las necesidades del país en materia de derechos humanos, o si se trata nuevamente de una decisión política.

Hay muchas instituciones que funcionan sólo por inercia, que no tienen rumbo claro, como si su existencia no tuviera que ser justificada. En esta situación de crisis, los senadores deben informarnos a qué tipo de acuerdos están llegando y asumir los resultados, en vez de sólo ver qué tipo de beneficios o prebendas van a solicitarle al designado, enfatizó.

Alba Cruz, presidenta del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, consideró que la designación del ombudsman significa una oportunidad para que los organismos del Estado atiendan el problema de violaciones a las garantías individuales.