La ley para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes debe aprobarse lo antes posible para que en 2015 cuente con los recursos necesarios para su aplicación, advirtió Alma Meneses, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Necesitamos que esta ley general entre en el presupuesto y nos digan cómo se va a aplicar, dijo.

En entrevista con La Jornada, criticó que los diputados retiraran de la propuesta los derechos sexuales y reproductivos de los menores, por presiones de sectores conservadores, de la Iglesia católica y de las televisoras. Significa un retroceso evidente, además de que es lamentable que el Legislativo atienda intereses mediáticos y hasta religiosos, cuando vivimos en un Estado laico, dijo.

Asimismo, consideró que fue un error pensar que los únicos derechos humanos que se deben reconocer son los que están en la Constitución, pues México se ha adherido a diversos mecanismos internacionales que reconocen esas garantías. Quienes se oponían a que se incluyeran en la nueva ley argumentaban que esas garantías no están plasmadas en la Carta Magna.

“Esos grupos tenían razón en esa parte, pero la Constitución señala en su artículo 4 aspectos como el interés superior del menor y su derecho a la salud. Las garantías sexuales y reproductivas del niño consignadas por la Convención de los Derechos del Niño forman parte de su interés superior.

Además, no puedes negarles su derecho a aprender sobre su sexualidad, sobre todo a los adolescentes que empiezan a ejercerla. Esa realidad existe, aunque un grupo conservador la niegue, y por eso hay que dar herramientas a los adolescentes para que puedan tomar las decisiones más óptimas. Si les das la espalda se incrementa el problema de los embarazos indeseados y del contagio de infecciones de transmisión sexual.

Subrayó que esos derechos no necesitan estar explícitos en la Carta Magna, porque de acuerdo con el artículo 33 son válidos todos los instrumentos internacionales que México ha firmado. Somos parte de la Convención de los Derechos del Niño y, por tanto, estamos sujetos a los estándares establecidos por el Comité de los Derechos del Niño.

No obstante, indicó que dicha propuesta avanzó bastante desde que el Ejecutivo presentó la iniciativa preferente. El trabajo hecho en el Senado fue muy valioso, sobre todo porque el proceso se abrió para que expertos opinaran y pudieran abonar a la construcción de la iniciativa.

Detalló que entre los avances está el hecho de que se reconoció la necesidad de aplicar un sistema de información, plantea la existencia de un ente coordinador de política pública y la restructuración de los sistemas DIF para que funcionen como defensorías.

Indicó que no solo han quedado descobijados los derechos sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes, sino también los migratorios, pues la normativa únicamente remite a la Ley de Migración, que no garantiza los derechos de la infancia.