Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ordenó este jueves prisión para 14 personas involucradas en la trama de corrupción destapada el pasado lunes durante la Operación Púnica, incluidos cuatro importantes dirigentes del Partido Popular (PP) en Madrid. De ellos, ocho tienen derecho a fianza.

El juez tomó la declaración a 15 de los 51 detenidos, y sólo dejó en libertad con cargos al ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso. Queda por definir la situación jurídica de 36 detenidos, entre ellos Francisco Granados, quien fue mano derecha de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y a quien se señala como el líder de la red de corrupción.

El juez Velasco es el responsable de este proceso, abierto el pasado lunes tras una investigación de más de dos años que sacó a la luz una trama de corrupción político-empresarial en Madrid, Valencia, Murcia y León.

En la red criminal se encuentran importantes dirigentes del PP que utilizaban cuentas en Suiza para blanquear dinero estafado al erario en las cuatro regiones, que podría superar los 250 millones de euros (4 mil 800 millones de pesos).

En virtud de los datos recabados por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, el juez decretó el ingreso en prisión sin derecho a fianza de los principales cabecillas de la red de corrupción, entre ellos el presidente de la diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP, quien diseñó la estrategia para blanquear el dinero desfalcado a través de cuentas en Suiza.

También fue encarcelado Alejandro de Pedro, creador de perfiles digitales de altos cargos del gobierno de la comunidad de Madrid por medio de facturas falsas con la ayuda del jefe de Informática. También dispuso cárcel para José Carlos Boza, alcalde de Valdemoro; Ana María Ramírez, secretaria del empresario David Marjaliz, y Pedro García Pérez, empleado de la compañía francesa de energía Cofely, involucrada en la trama, al igual que otras empresas relacionadas con la construcción.

El juez español decretó además la prisión con derecho a fianza a otros ocho detenidos: el jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero; el concejal de Hacienda de este municipio, José Javier Hernández; el arquitecto municipal, José Luis Navarro, el empresario Eduardo de la Peña, el administrador de una empresa de Marjaliza, Antonio Serrano, y los empleados de Cofely Didier Maurice, Constantino Álvarez y José Antonio Hernández.

En el caso de Francisco Granados, el ex consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, y el empresario David Majariza –señalados por el juez como los dos principales cabecillas de la trama– fueron trasladados a los juzgados de las localidades madrileñas de Majadahonda, en virtud de un recurso de habeas corpus que presentaron sus abogados alegando que su detención se ha prolongado más allá del tiempo establecido por la ley (72 horas).

El vocero del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso, Antonio Hernando, advirtió que el gobierno de Rajoy y el PP se están despeñando por la corrupción y mientras esto ocurre el silencio es su única respuesta. Rajoy piensa que si no habla, la corrupción desaparece. No se da cuenta de que la sociedad está indignada y harta.