En el rubro de pensiones laborales, los estados del país acumulan un pasivo superior a 1.7 billones de pesos. Tienen apenas una reserva de 71 mil 792 millones de pesos para efectuar esos pagos a los trabajadores y aportaciones programadas por 303 mil 646 millones, por lo que el esquema pensionario de las entidades está resultando insostenible.

Tales datos fueron presentados ayer en el marco del taller Las pensiones en México: su costo fiscal y pasivos laborales, que organizó el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que participaron expertos académicos y de diversas instancias, y lo coordina la investigadora y catedrática Berenice Ramírez.

En el foro, el experto Roberto Díaz García presentó un exhaustivo análisis sobre el tema, elaborado por la firma Valuaciones Actuariales del Norte –que forma parte del Colegio Nacional de Actuarios–, el cual advierte que se deberán realizar acciones para evitar la descapitalización de cada uno de los sistemas de pensiones de los servidores públicos.

Esto es porque las reformas que se emprendieron a los esquemas de pensiones en México generan mínimos o nulos ahorros financieros, debido a que los cambios son graduales o inexistentes para la generación actual de trabajadores.

En algunos casos, el costo financiero de las modificaciones que se hicieron a los sistemas de pensiones podría ser incluso mayor a que no hubiera habido dichas reformas, señala el ­documento.

Puntualiza que en el caso de las entidades federativas, éstas acumulan un déficit de pasivo de un billón 778 mil 200 millones de pesos, lo que indica el tamaño de la problemática que hay para cubrir el pago de las pensiones de los trabajadores en todo el país.

Cero pesos de reserva

Hay entidades en las que se tiene además cero pesos de reserva o mínimas; otras en las que las aportaciones apenas son una quinta o décima parte de los pasivos. La constante es que todos los estados se encuentran en déficit en el rubro de pasivos laborales para el pago de pensiones a los trabajadores. No hay ninguno con superávit.

Díaz García explicó que no existe uniformidad de los esquemas pensionarios por entidad, ni siquiera por municipio. Señala que para algunos la edad de retiro es de 60 años, con 80 por ciento del salario en forma vitalicia; en otros es con 100 por ciento del salario, e incluso en algunos más es de 20 años de servicio, y la mayoría se rigen por acuerdos de cabildo.

En México –afirmó– no hay un solo sistema público de pensiones igual a otro. Lo verdaderamente grave, desde el punto de vista del equilibrio financiero, es que exceptuando al Instituto Mexicano del Seguro Social asegurador, la mayoría de los sistemas de seguridad social otorgan las pensiones por antigüedad cuando el trabajador alcanza entre 25 y 30 años de servicio. El monto es equivalente a 100 por ciento del último salario percibido, definió.

Causas de la descapitalización

En el análisis que presentó se asienta que prácticamente no existen reservas para el pago de este pasivo laboral en los estados. Indica que las principales causas de la descapitalización de las entidades para el pago de estos derechos son la inexistencia de normas para la creación de reservas, insuficiencia de aportaciones, inexistencia de un sueldo regulador, bajas tasas de interés en créditos a los afiliados, incremento en la esperanza de vida, entre otras.

Agrega que esta descapitalización se ha dado a pesar de que prácticamente todas las entidades federativas incrementaron la edad requerida para que los trabajadores puedan acceder a pensiones, así como la antigüedad, y se elevaron las cuotas de las aportaciones.