Durante los cinco años que Raúl Plascencia Villanueva lleva al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ésta ha emitido 413 recomendaciones, y ha ejercido pocas veces su nueva facultad de investigar violaciones graves a esas garantías o de promover acciones de inconstitucionalidad.

De acuerdo con un análisis de las cifras que la entidad proporciona en su página web, Plascencia –quien llegó al cargo el 16 de noviembre de 2009– emitió dos recomendaciones ese año, relacionadas con un caso de detención arbitraria, incomunicación y malos tratos cometido por militares en Baja California, y por la desaparición de dos personas en Guerrero.

En 2010, la CNDH emitió 86 recomendaciones, en 2011 la cifra aumentó a 95, en 2012 fueron 93, en 2013 la cantidad bajó a 86 y en lo que va de 2014 ha dado a conocer 51.

En cuanto a recomendaciones generales, ha emitido sólo cuatro: la 18, sobre la situación de los derechos humanos de los presos del país; la 19, sobre la práctica de los cateos ilegales por instituciones de seguridad; la 20, acerca de agravios a periodistas y la impunidad de los responsables, y la 21, relacionada con la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual contra niños en centros educativos.

Todo eso derivó de más de 215 mil 500 quejas recibidas por la CNDH en cinco años, según detalló Plascencia el miércoles pasado, cuando explicó en entrevista con La Jornada cuáles han sido los logros que lo llevaron a registrarse para ocupar el cargo por un nuevo periodo.

Desde que la Cámara de Diputados aprobó en abril de 2013 un dictamen que da nuevas facultades a la CNDH, como investigar violaciones graves a los derechos humanos, citar a comparecer a servidores públicos y presentar juicio político en su contra, Plascencia las ha ejercido en escasas ocasiones.

Sólo ha emitido dos recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos: la primera en relación con los abusos que derivaron en el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, y la segunda sobre las agresiones infligidas a habitantes de la comunidad San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, que dejaron al menos nueve civiles heridos y un menor de edad muerto.

Diversos colectivos de la sociedad civil han señalado que ha habido muchos casos de gravedad en los cuales la CNDH tendría que haber mostrado una actuación más firme y emitir recomendaciones en ese mismo tenor, como la matanza de indocumentados en San Fernando, donde algunas víctimas incluso han acusado al organismo de encubrir al gobierno.

Plascencia Villanueva también ha recibido numerosas críticas por no haber promovido acciones de inconstitucionalidad contra iniciativas consideradas violatorias de los derechos humanos, como la llamada ley bala en Puebla o las reformas constitucionales en materias energética y de telecomunicaciones.