a manifestación realizada el pasado 22 de octubre en la ciudad de México, motivada por el asesinato de seis jóvenes y la desaparición de otros 43, todos ellos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero, tuvo características especiales. Fue muy emotiva. Miles de personas (seguramente más de las 50 mil que afirman las estimaciones oficiales) marcharon de manera pacífica aunque sin ocultar su indignación ante un acto de barbarie que nos muestra lo más deplorable de la naturaleza humana. En uno de los grupos que marchaban ese día, las jovencitas provenientes de diversas escuelas rurales no cesaban de expresar su reclamo de justicia con sus vocecitas agudas que asemejaban el llanto que hoy nos invade a todos.

No hubo en la marcha –o yo no las vi– banderas de partidos políticos. Los contingentes estaban formados mayoritariamente por estudiantes de las instituciones de educación superior e investigación, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de México o la Universidad Iberoamericana, entre muchas otras. Al parecer, ante los actos criminales como los ocurridos en Iguala estamos asistiendo al surgimiento de un genuino movimiento estudiantil en nuestro país.

Lo acontecido en Guerrero y las enormes repercusiones que ha tenido tanto a escala local como en el extranjero tienen una relación innegable con la educación en México, y no solamente por tratarse de las escuelas normales rurales, como la de Ayotzinapa, donde se forman los maestros que llevan la educación a los niveles básicos en las regiones más pobres del país, sino porque las expresiones de indignación y la respuesta social frente a los asesinatos y desapariciones ocurridos en Iguala se han extendido de inmediato a todos los niveles educativos, en particular en la educación superior, como pudo verse en la composición mayoritaria de la manifestación del pasado miércoles y la suspensión de actividades en algunas universidades.

En todas las instituciones de educación superior e investigación hay gran inconformidad e indignación por los asesinatos y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. El rector de la UNAM, José Narro Robles, se ha referido en varias ocasiones a estos hechos y ha insistido en que deben ser aclarados hasta sus últimas consecuencias. El 10 de octubre, Narro señaló: No es posible que 43 personas puedan simplemente desaparecer, que 43 personas puedan desvanecerse; los hechos ahí están. Los mexicanos necesitamos conocer la verdad, la verdad completa, y agregó que México requiere que se imparta justicia, no venganza ni violencia, que no haya impunidad y que los responsables intelectuales, materiales y por omisión sean juzgados.

Cinco días después, Narro afirmó que en el país nada podrá ser igual después de Ayotzinapa y fue muy claro al señalar un aspecto doloroso de la realidad del país: Estamos frente a momentos en los que se confunden tareas y responsabilidades que deberían estar muy definidas: las de aquellos que deben combatir la delincuencia y las de quienes pertenecen a ésta y están fuera de la ley; las de quienes tienen el poder administrativo y las de quienes hacen uso del poder delincuencial.

Pero este no solamente es el ánimo que prevalece en la UNAM. De acuerdo con la nota de Irene Sánchez y Javier Valdez publicada en este diario (La Jornada 25/10/14), en la reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, celebrada el viernes en Mazatlán, Sinaloa, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Enrique Fernández Fassnacht, dijo: En el caso de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como Ayotzinapa, es impostergable una denuncia y condena a los hechos, acompañada por los siguientes reclamos: primero, la presentación con vida de los desaparecidos; segundo, el juicio y castigo a los responsables de las muertes y desapariciones; tercero, protección y respeto a los familiares de los desaparecidos, y cuarto, seguridad a las comunidades educativas.

El dirigente de la Anuies, organización que agrupa a 180 instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, señaló: Una asociación como la nuestra tiene como obligación primaria el servicio y la defensa de sus asociados, entendiendo así a las comunidades integradas por estudiantes, académicos y trabajadores administrativos y añadió que estarán con Ayotzinapa cueste lo que cueste sin detrimento de nuestra responsabilidad con la educación superior y con México.

Hay motivos cuya validez es incuestionable para la indignación. Hay además razones que explican una creciente movilización de jóvenes en las universidades y otras instituciones de educación superior e investigación, cuyo curso es por ahora imprevisible.