no, dos, tres, cuatro, corea la multitud sin parar hasta llegar al número 43 y exigir a voz en cuello: ¡Justicia!

Felipe Arnulfo Rosa, pasa lista una voz. ¡Presente!, responden centenares de gargantas encolerizadas. Benjamín Ascencio Bautista, pregunta nuevamente. ¡Presente!, contestan los manifestantes. Israel Caballero Sánchez...

Son los nombres de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desparecidos por las policías municipales de Iguala y Cocula. Son los mismos cuyos rostros aparecen por millares en las pancartas y lonas que estudiantes y ciudadanos portan en todo tipo de protestas, exigiendo a las autoridades su presentación con vida.

Curiosa ironía. Después de ser apartadas de la vida pública nacional durante años y aparecer de cuando en cuando en los medios de comunicación como un vestigio educativo del pasado necesario de extirpar, las normales rurales están hoy en el centro del debate. La tragedia de Ayotzinapa, una normal rural, ha sacudido la conciencia nacional, sacado a los estudiantes de universidades públicas y privadas a las calles en prácticamente todo el país y precipitado la más grave crisis política en muchos años.

Las movilizaciones en solidaridad con los normalistas no cesan. Cada día suman a nuevas fuerzas: religiosos, artistas, intelectuales, deportistas, sindicatos. La pretensión de los medios de comunicación electrónicos de contener, minimizar y desnaturalizar el sentido de las protestas ha sido rebasada.

¿Por qué esta tragedia en concreto ha suscitado tanta indignación? Porque fue la gota que derramó el vaso, como en su momento y en otra escala sucedió con el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. En esta ocasión, los relatos de la saña policial contra un grupo de muchachos pobres, acosados y desarmados, y la imagen de los padres dolidos, han conmovido a otros padres que ven en lo sucedido algo que les pudo haber pasado a sus hijos, creando una identidad instantánea y funcionando como elemento articulador de un descontento social hasta ahora disperso.

En el sufrimiento de esos padres, en su penar, se condensa la incertidumbre e inseguridad que muchos ciudadanos viven en amplias regiones. En el destino de los normalistas se descubre la sensación de vulnerabilidad que provoca ser joven en un país en el que los jóvenes son víctimas recurrentes de la violencia gubernamental. En la historia de un alcalde al se dejó escapar se encuentran las evidencias del pacto de impunidad con que se cubre la clase política.

Pero ese dolor y esa rabia, ese miedo y ese anhelo de que regresen con vida los muchachos tiene su núcleo duro, su fuente de legitimidad, su red de protección, en un tejido comunitario inasible para la tecnoburocracia que conduce al país. Esa red es la que le proporciona a la movilización social la fuente de autoridad moral que se expande por toda la sociedad.

Sí, no son sólo 43 jóvenes desaparecidos. Detrás de ellos están más de cuatro decenas de padres dolientes y sus familias extensas, en su mayoría de muy escasos recursos, que pasan las noches en vela esperando que sus hijos aparezcan. A su lado se encuentran decenas de comunidades, casi todas rústicas, que ruegan por el retorno con bien de sus paisanos. Hombro con hombro, marchan unos 500 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que aguardan el regreso de sus compañeros de banca y de dormitorio. Como si fueran un ejército, los acompañan miles de egresados profundamente comprometidos con la escuela que les ha permitido salir adelante en su vida, muchos de ellos laborando en los poblados más remotos de Guerrero, que viven como un agravio personal lo que se ha hecho a los muchachos. Y, en primera línea, están unos 8 mil alumnos de otras normales rurales, hermanados con ellos mucho antes de que la tragedia llegara a sus vidas.

El normalismo rural es una comunidad imaginaria, integrada no sólo por los alumnos que estudian en sus aulas y viven en sus internados. De ella forman parte también los poblados de donde provienen los estudiantes, los grupos campesinos a quienes se atiende en las prácticas escolares y las comunidades adonde van a laborar sus egresados. Son parte sustancial de ella los maestros en activo que se graduaron en sus muros. A todos ellos, lo que sucede allí les atañe.

Las normales rurales son una de las pocas vías de ascenso social que tienen los jóvenes en el campo. El destino que se forjen gracias a sus estudios incide en la vida de las comunidades. Lo que acontece con ellas no les es ajeno. Son suyas: son un legado vivo de la Revolución Mexicana, una herencia de la escuela rural y el cardenismo, al que no están dispuestos a renunciar.

Los alumnos que se instruyen en esas escuelas cuentan, además, con una de las organizaciones estudiantiles más antiguas en el país: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm). Fundada en 1935, ha desempeñado un papel fundamental en la sobrevivencia de las normales rurales, permanentemente acosadas por autoridades educativos y gobiernos locales. Sus dirigentes deben ser alumnos regulares, tener buena conducta y un promedio escolar no menor de ocho. Sólo los mejores alumnos representan a sus compañeros. Sus líderes son jóvenes formados políticamente, con capacidad de análisis, dotes organizativas y visión.

Esa comunidad transgeneracional e intercomunitaria es la que ha evitado que las normales rurales sean cerradas en el país en el pasado. Es la que ha resistido las agresiones en su contra. Es la que ha hecho posible la supervivencia del proyecto.

Esa comunidad es la que ve en la desaparición de sus 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de policías una grave afrenta a la que debe responder. Es la que juzga como una burla que el gobierno no aclare el paradero de los muchachos. Es la que se indigna ante la pretensión de las autoridades de no hacer coincidir la verdad jurídica con la verdad histórica. Es la que, con toda su autoridad moral, convoca a sumarse a la lucha al resto de la sociedad. Es la que exige, con rabia y determinación inagotables, la aparición con vida de sus hijos.

Twitter: @lhan55