Madrid, 27 de octubre.

La justicia española ordenó hoy una de las mayores operaciones policiales contra la corrupción político-empresarial en Madrid, Murcia, León y Valencia. Fueron detenidas 51 personas, se realizaron 250 registros y se ordenaron 30 embargos preventivos. La mayoría de los acusados son dirigentes políticos, sobre todo del conservador Partido Popular (PP), acusados de apropiarse ilegalmente de recursos públicos por más de 250 millones de euros en complicidad con empresarios de la construcción.

La Audiencia Nacional ordenó de improviso la operación Púnica, y entre los arrestados está Francisco Granados, el número dos del gobierno regional de Madrid cuando lo presidía Esperanza Aguirre. El político está involucrado en una serie de actos de espionaje ilegales contra varios dirigentes políticos de su propio partido y de la oposición.

La operación policial, con base en una investigación de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, y ordenada por el juez Eloy Velasco, señala que los dirigentes políticos –incluidos seis alcaldes– acordaron con los empresarios detenidos las comisiones a pagar para recibir un trato favorable en la adquisición de contratos públicos.

Además del dirigente del PP madrileño Francisco Granados, entre los arrestados también se encuentran el presidente de la Diputación de León y también del PP, Marcos Martínez, así como los seis alcaldes de la comunidad de Madrid.

Se trata de los ediles de Valdemoro, José Carlos Boza; Collado Villalba, Agustín Juárez; Parla, José María Fraile; Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas; Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz, y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández. Además, el ayuntamiento de Móstoles fue registrado.

En Murcia se detuvo a José Antonio Alonso, del PP, ex alcalde de Cartagena, una de las más grandes de la región, así como al secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo; al jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del gobierno murciano, José Fidel Saura, y a la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez.

Ante el escándalo y la indignación popular, el PP y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), también involucrado con un alcalde, anunciaron que expulsarían a los miembros de su partido implicados en cuestiones ilegales.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quien fue madrina política de Francisco Granados, aseguró que siente vergüenza y pidió perdón a los militantes por haber propuesto como secretario general a este señor.

La investigación policial se inició hace dos años y se basa en numerosas escuchas telefónicas y pruebas documentales que prueban las prácticas corruptas de los dirigentes políticos y los empresarios de la construcción. También fue detenido un agente de la Guardia Civil por avisar a uno de los políticos investigados que era sometido a vigilancia.

A todos ellos se les acusará de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas, fraudes contra la administración y organización criminal.

En otro caso, el PP expulsó este lunes al ex vicepresidente del gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, por el escándalo de tarjetas opacas al fisco en Caja Madrid y Bakia, las entidades financieras españolas que presidió.