Banamex impugnó la resolución del juez federal Felipe Consuelo que la semana pasada resolvió que no son válidas las deudas de la empresa Oceanografía con esa institución crediticia.

Mediante un recurso de queja que resolverá un tribunal colegiado, Banamex pidió modificar la resolución del juez, el cual notificó al banco que quedaron fuera del concurso mercantil de Oceanografía cinco créditos reclamados por la institución luego de que no se probó que sean deudas exigibles a la empresa de Amado Yáñez.

Según fuentes del Poder Judicial Federal (PJF), los créditos no reconocidos de Banamex suman 8 mil 334 millones de pesos.

Algunos funcionarios del PJF consideran que es muy probable que antes de que Oceanografía iniciara los trámites para el concurso mercantil, la empresa hubiera acordado con directivos de Banamex que fuera declarada en quiebra a fin de que el gobierno federal asumiera el rescate de Oceanografía y pagara sus adeudos.

En otro orden, José Humbertus Pérez Espinosa, presidente y vocero del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna –asociación civil que representa legalmente a cientos de familias a nivel nacional enfrascadas en juicios hipotecarios y mercantiles por deudas con Banamex y otros bancos–, denunció ayer en conferencia de prensa que la organización a su cargo detectó aproximadamente 10 mil créditos hipotecarios en varias entidades cuyos adeudos fueron liquidados por el Fobaproa, pero que el banco ha seguido cobrando de manera ilegal.

A manos del Frente Mexiquense llegaron documentos que acreditan unos 10 mil casos en que personas que obtuvieron un crédito y lo dejaron de pagar, pero cuyo adeudo fue absorbido por el Fobaproa, los titulares de los créditos vendieron ilícitamente la cartera vencida a terceros como Banamex, Banpais, Banco Mexicano Somex, Banorte, Tertius, Santander, Sólida Portafolios, entre otros, quienes de manera ilegal realizan un doble cobro, dijo Pérez Espinoza.

Agregó que bancos como Banamex y Banorte les ha seguido cobrando a los poseedores de los inmuebles, y muchos de ellos, entre ellos varias personas de la tercera edad, están a punto de perder su casa por adeudos que ya fueron absorbidos por el Fobaproa.

El vocero del Frente Mexiquense dijo que los mexicanos “hemos pagado, gracias al Fobaproa, la cantidad de 889 mil 403 millones de pesos (según cifras de la Autoría Superior de la Federación) para financiar el costo del rescate bancario y todavía se deben 826 mil 663 millones de pesos. Con estos recursos millonarios se liquidaron créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, quirografarios y refaccionarios industriales, los cuales fueron otorgados por la banca mexicana entre 1990 y 2000.

Por tal motivo ninguna institución de la banca mexicana tiene el derecho de realizar un doble cobro, toda vez que estos créditos fueron líquidados con recursos públicos, añadió.

Dijo que el pasado 20 de octubre, el Frente Mexiquense pidió a Lorenzo Joaquín Meade Kuribreña, secretario ejecutivo del Instituto Para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), que realice una profunda investigación, porque “los bancos e intermediarios financieros siguen cobrando una cartera vencida que ya se liquidó.

Mediante la venta de esta cartera ilícita, los bancos predenden ejecutar sentencias definitivas que han prescrito por la caducidad de las hipotecas, sin embargo, los juzgados han ordenado la adjudicación y desocupación de los inmuebles, no obstante que estas personas son de la tercera edad, pero sobre todo porque estos créditos ya fueron liquidados, puntualizó.