Este lunes los padres de dos víctimas de la guardería ABC –que se incendió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, causando la muerte de 49 niños y heridas a 76– solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington que admita su caso con el argumento de que en México ha habido falta de acceso a la verdad y la justicia y a la reparación del daño, entendida como garantía de no repetición.

La CIDH aceptó recibirlos como procedimiento excepcional porque (el caso) es paradigmático y de mucha importancia, informaron Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), así como Analley Álvarez y Simón Hernández, del área de Defensa, y Stephanie Erin Brewer, del departamento internacional de ese centro.

En conversación con algunos medios, dieron también detalles respecto de las audiencias que el jueves 30 de octubre se llevarán a cabo en el 153 periodo ordinario de sesiones de la CIDH sobre guerra sucia, desaparición forzada y ejecuciones en los años 70 y 80 y sobre derechos humanos y protesta social en México.

Señalaron que aprovecharán su estancia en Washington para exponer el panorama de inseguridad ciudadana y violación a los derechos humanos en México a actores gubernamentales y no gubernamentales y a funcionarios del Departamento de Estado y congresistas, dado que Estados Unidos, por medio de la Iniciativa Mérida y otros programas, otorga financiamiento, apoyo técnico y capacitación a autoridades mexicanas en una supuesta lógica de apoyar la lucha contra el crimen.

Brewer sostuvo que para el Prodh esa ayuda tiene muchas veces efecto contraproducente, además de que Estados Unidos fija ciertas condiciones mínimas en cuestión de derechos humanos que el país receptor debe cumplir. Claramente (México) no está a ese nivel y entonces, según la propia ley de Estados Unidos, no debería recibir este apoyo, indicó.

Explicó que en la reunión sobre la guardería ABC –caso que el Prodh acompaña en la parte legal– participarán los padres de Andrés Alonso y los de Manuel Rodríguez García, integrantes del Movimiento 5 de Junio. Por la CIDH estarán el comisionado relator para México, James Calavaro; el secretario Emilio Álvarez Icaza, y la relatora de la Niñez, Rosa María Ortiz.

Señalarán que el caso ha sido tratado como conflicto de bajo rango y producto de la negligencia de unas cuantas personas en Hermosillo, cuando en realidad es un ejemplo paradigmático de la situación de inseguridad, de incumplimientos e irregularidades que prevalecían en prácticamente todas las guarderías subrogadas por el IMSS en el país. Se trata de toda una estructura, de una política, de una decisión tomada desde los más altos niveles de subrogar guarderías a particulares en una lógica de mercado, convirtiéndolas en un negocio lucrativo.

No ha habido ningún reconocimiento por parte del Estado de ese nexo causal que provocó el incendio. Por esa razón tampoco las investigaciones se han dirigido a dilucidar la posible responsabilidad de altos mandos en lo federal y en lo estatal... Y esos procesos llevan más de cinco años sin resultados.