Ante el alud de críticas a México por el caso Ayotzinapa, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación tienen la encomienda de responder a todos los organismos internacionales, en especial a los vinculados con los derechos humanos.

La respuesta no puede aludir a la responsabilidad del gobierno estatal o municipal, sino al Estado mexicano en su conjunto. Tampoco es suficiente acotar la culpabilidad a algún nivel de gobierno.

Hacia afuera respondemos co­mo Estado mexicano (de) cualquier hecho que ocurra en cualquier entidad federativa y que involucre a cualquier autoridad, de cualquier poder, de cualquier orden de gobierno. Hacia afuera (Ayotzinapa) obliga y señala a todo el Estado mexicano, advirtió Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación.

Acorde con la ley de la administración pública federal, la oficina de la funcionaria, así como la de su homólogo en la cancillería, deben atender los señalamientos de los organismos que desde el hallazgo de las fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, han criticado duramente a México, por el ataque a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, 43 de los cuales siguen desaparecidos, pero también por la indagatoria caótica y hostil, como la califica Amnistía Internacional.

En un encuentro con legisladores locales, Limón dijo que el tema Ayotzinapa amerita una profunda reflexión de todos, de cualquier orden de gobierno o poder público, porque son hechos repudiables, lamentables, que obligan a generar normas que cumplan con los más altos estándares internacionales de derechos humanos.

Gobernación es la responsable de alentar las políticas públicas en materia de derechos humanos. Sin embargo, el presupuesto para esta tarea no es vasto.

A nivel general, Gobernación gasta este año 75 mil millones de pesos, aunque los recursos para la conducción de la política en materia de garantías básicas es de 126 millones y, para el año entrante, tendrá una reducción a 123 millones.