os dolorosos e indignos hechos que se dieron en el tan golpeado sur del país, ahora en Iguala, Guerrero, a casi un mes de acontecidos, en los que se desaparecieron forzadamente a 43 jóvenes normalistas, se ejecutaron arbitrariamente a tres, y más de una veintena padecieron tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, son con mucho una muestra del horror y la tragedia en la que nos encontramos. Tan sólo tratar de imaginar el terror al que fueron sometidas estas personas, uno se llena de indignación y profunda consternación por lo que sucede en México. Parecía en efecto superada una etapa de nuestra historia, pero no es así: los crímenes de Estado están todavía presentes entre nosotros, pues los casos de Ayotzinapa son un crimen de lesa humanidad.

El pasado miércoles, cuando miles y miles de personas marcharon en muchas ciudades de la República y del mundo, quedó claro que en la sociedad no entendemos este caso como aislado del resto del contexto nacional, ni mucho menos creemos que sea producto sólo de la violencia crecida del crimen organizado; por el contrario, ya sabemos que el Estado mexicano es el responsable de estos crímenes: desapareció a los estudiantes normalistas, los ejecutó, los torturó y los maltrató. Así es como deben pasar a la historia estos hechos estrujantes, que han conmovido masivamente a las personas y pueblos del mundo.

En este sentido, y por lo que hace a la desaparición forzada, puedo decir que, tal como establece la Convención Interamericana sobre el tema (artículo 2), se trata de la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Hoy conocemos las formas en que los agentes del Estado participaron directamente, junto a sus secuaces, en la desaparición de los 43 normalistas.

Con base en lo anterior, al Estado se le generan obligaciones que no puede evadir. Son su responsabilidad, y por ende debe destinar todos los recursos posibles, echar mano de manera inmediata de todos los medios a su alcance, para realizar la búsqueda y presentar con vida a quienes han sido objeto de tan graves violaciones a sus derechos humanos, o fundamentar su paradero. En primer lugar, estos hechos jamás debieron ocurrir, pues el Estado está obligado a prevenirlos mediante la realización de acciones legales e institucionales efectivas, así como a evitar que estas violaciones se cometieran por parte de autoridades relacionadas con particulares.

En todo momento debe proteger y respetar los derechos de las personas, y por tanto tiene que crear mecanismos correlacionados con las actividades que realicen sus servidores públicos, e impedir que cometan actos de desaparición forzada. Debe además contemplarlo en su marco normativo, teniendo en cuenta las probabilidades de que se den casos como estos en el ejercicio de sus funciones, y en todo momento esforzarse por erradicar estas prácticas entre instituciones coludidas con particulares.

En el caso de Ayotzinapa, muy a nuestro pesar, es evidente que a escasas horas de completarse un mes de los hechos, el Estado mexicano ha demostrado incumplimiento en su obligación de garantizar los derechos de las víctimas, pues el gobierno federal tardó hasta 10 días en asumir que se trataba de un caso que compete a los tres niveles de la administración y a los distintos poderes de la Unión.

Debo decir que es obligación explícita del Estado en su conjunto establecer un sistema integral de colaboración en todos sus niveles para la búsqueda inmediata y la localización de las personas desaparecidas, así como para la investigación de los hechos, la atención a las víctimas y la reparación integral del daño. En relación con esto, el Estado debe garantizar también que en un contexto de graves, manifiestas, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad que no puede investigar de manera aislada, tal como la comunidad internacional se lo ha venido exigiendo.

Ayotzinapa es un crimen de Estado, lo repetiremos y denunciaremos hasta el cansancio. Hasta que todo el mundo se entere de que el Estado mexicano ha configurado un aparato que comete graves violaciones a los derechos humanos. En este caso, a jóvenes normalistas y a sus familias. Estas últimas tienen el principalísimo derecho a la verdad, y podría agregar que a la verdad verdadera. Es decir, a saber cómo sucedieron en realidad los hechos. Es inaceptable que el Estado administre la información y limite el acceso de los familiares a conocer sobre los procesos de investigación y búsqueda. Es un derecho de las familias ser informadas primariamente sobre los pormenores de lo que pasó y está pasando.

Asimismo, en cuanto hace a su obligación de reparar los daños, el Estado debe proceder de manera individualizada, es decir, por cada una de las personas afectadas y por cada uno de sus familiares. Y ésta no debe depender de la investigación, de la sanción a los posibles responsables, ni del éxito o no de la búsqueda de las personas desaparecidas.

La reparación debe además proveerse de manera integral, así como estar apegada a las necesidades y exigencias de las víctimas. No debe calcularla, debe preguntar sobre los mecanismos que las víctimas establezcan en cuanto a forma y medios por los cuales consideren que podrían ver medianamente reparado el daño ocasionado. De entrada sabemos que nada puede ayudar más a las familias que la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos forzadamente. Hoy las familias y toda la sociedad somos conscientes de que en México necesitamos organizarnos pacíficamente para erradicar este sistema de muerte. Ayotzinapa debe ser un punto de quiebre en el país.