La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) empezará el próximo miércoles la discusión sobre la procedencia de las consultas populares en contra de la reforma constitucional en materia energética y sobre la necesidad de incrementar los salarios, las cuales fueron presentadas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y PRD –en torno a la participación de la iniciativa privada, nacional y extranjera en la industria petrolera y de electricidad– y por el PAN.

Al término de la sesión de ayer, el presidente del máximo tribunal, Juan N. Silva Meza, anunció que el pleno no sesionará el lunes ni el martes de la semana próxima para que los ministros se aboquen al análisis de los proyectos respectivos.

Silva Meza convocó a sus compañeros a que habida cuenta de la importancia y la urgencia, porque estamos impuestos en el conocimiento de las denominadas consultas populares que se han recibido en este alto tribunal y en razón de que “tenemos que resolverlas en tiempo preciso, en días naturales se decidió que las sesiones de la primera y segunda salas, correspondientes a la siguiente semana se aplacen.

De acuerdo con la ley en la materia, la Suprema Corte tiene un plazo de 20 días naturales para dictaminar la procedencia de las consultas populares y la constitucionalidad de la pregunta, razón por la que, trascendió, los equipos de los ministros trabajan a marchas forzadas para que los proyectos de dictamen circulen a partir del mismo lunes y los ministros tengan dos días para analizarlos, antes a su discusión en sesión pública.