Puebla, Pue., 23 de octubre.

Funcionarios del gobierno del estado y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometieron a suspender la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos, luego que campesinos de poblados ubicados en las faldas del volcán Popocatépetl expulsaron a los trabajadores de la empresa italiana Bonatti SPA (a cargo de la obra), sacaron tubería y maquinaria y amagaron con incendiarlas.

Los servidores públicos firmaron una minuta de trabajo y acordaron instalar el 4 de noviembre una mesa de diálogo con autoridades federales y estatales, así como representantes de la CFE y lugareños inconformes.

El fin de semana, con el resguardo de la policía estatal y del Ejército Mexicano, la compañía ingresó excavadoras y tubería a las milpas y plantíos de frijol y calabaza en Atzizihuacan y San Andrés Calpan, sin autorización de los dueños.

La mañana de este jueves, representantes de los 60 poblados que resultarían afectados por el gasoducto realizaron una asamblea en la comunidad de Zacatepec, donde acordaron marchar por la ruta de la obra (tres kilómetros) y bloquear una de las vías de evacuación en caso de emergencia volcánica.

Durante seis horas bloquearon la carretera estatal San Pedro Cholula-San Andrés Calpan para exigir la cancelación del gasoducto, que incluye un tramo de la comunidad de Santa María Zacatepec a la de San Buenaventura Nealtican.

La protesta fue encabezada por labriegos adheridos al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala, provenientes de Santa María Zacatepec y de los municipios rurales de San Lucas Atzala, San Buenaventura Nealtican y San Andrés Calpan.

Queremos frijol, queremos maíz, queremos el gasoducto fuera del país, corearon los opositores a lo que llaman proyecto de muerte. Agregaron que son obras de cobardes que ponen en riesgo la vida de nuestras familias y nuestro alimento.

En la reunión, en la que participaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, y Ramón González, de la CFE, el delegado del Gobierno del estado, Roberto Solano, se deslindó de la obra y culpó al gobierno de Enrique Peña Nieto de impulsarla a pesar de la oposición de la gente.