El presupuesto 2015 del Programa Nacional de Prevención del Delito será prácticamente igual al asignado en este año, pese a la multiplicación de focos rojos en el país y el recrudecimiento del problema vinculado a menores en conflicto con la ley.

Esta área ejerce actualmente 2 mil 595 millones de pesos, y el entrante podrá llegar hasta 2 mil 682 millones, es decir, sólo tiene un aumento marginal de 3 por ciento, según el proyecto presupuestal del Ejecutivo federal, sujeto a análisis y eventual ratificación de la Cámara de Diputados.

Si bien la Secretaría de Gobernación (SG) clasifica para 2015 unos 20 mil millones de pesos para la implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito, se refiere básicamente a estrategias policiales más que a la reconstrucción del tejido social, encomienda del programa inicialmente citado.

La SG informó el martes del rescate de una joven secuestrada; entre los presuntos responsables hay tres menores, una niña de 11 años, entre ellos. Según la dependencia, los menores confesaron su participación, como vigilantes de la víctima.

En 2013, 12 mil adolescentes estaban sujetos a proceso o en reclusión por cometer delitos; 7 mil de ellos cometieron faltas leves y el resto estaba en la cárcel por participar en delitos graves.

Un tercio fueron acusados por robo con violencia; 22 por ciento, homicidio; 17 por ciento, portación de arma prohibida, y 15 por ciento, robo de vehículo; un nivel idéntico por secuestro y el resto por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Lo anterior se describe en el más reciente estudio del tema, auspiciado por el gobierno federal y elaborado por Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SG, anunció: El año próximo, sin que tengamos un incremento en los recursos, vamos a tener en todos los estados programas para atender el tema de menores, identificando factores de riesgo y atendiendo los que están privados de su libertad.

De igual forma, con los mismos recursos, serán incorporados al programa antidelito Tampico y Matamoros, Tamaulipas. En la mira está también Iguala, Guerrero (donde el 26 de septiembre pasado fue atacado un grupo de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa); Acuña, Coahuila, y dos ciudades del estado de México.

Pese a la crisis en entidades como Guerrero y Tamaulipas, el funcionario aseveró que los puntos más críticos en el comienzo de esta administración están avanzando. Precisó que siempre han reconocido el problema de seguridad en Guerrero, pero al momento de focalizar las prioridades había otros puntos en peores condiciones, como Acapulco.